REDACCIÓN - Una de las directoras del centro ha negado la existencia de tratos inadecuados, destacando la buena trayectoria del centro hasta la fecha.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo está investigando a seis trabajadoras y directivas de la guardería, que fue clausurada por deficiencias administrativas. En las recientes declaraciones, una de las directoras del centro, quien ha sido investigada, aseguró que su rol era más administrativo y que no tenía conocimiento de malos tratos. La directora explicó que había cámaras para vigilar lo que ocurría en cada clase y que, en su larga trayectoria, el centro nunca había recibido denuncias por maltrato.

En contraste, dos educadoras en prácticas afirmaron haber observado comportamientos agresivos hacia los niños, tal como lo denunció una compañera que proporcionó videos como prueba, lo que desencadenó la investigación. Estas educadoras detallaron que los incidentes más graves ocurrieron en la clase de la compañera denunciante, aunque ellas también presenciaron conductas preocupantes.

La magistrada ha solicitado a la Brigada Local de la Policía Judicial de Pozuelo de Alarcón un informe urgente sobre el visionado de las cámaras de seguridad de la guardería. En febrero, algunas de las imágenes fueron mostradas a los padres afectados, revelando a niños zarandeados y sometidos a comentarios despectivos como "fracasado" y "no vas a llegar a nada en la vida".

Hasta ahora, 21 familias se han personado en el caso, y seis empleadas de la guardería están bajo investigación. La guardería Pecas fue cerrada a mediados de febrero por orden del Ayuntamiento debido a la construcción sin licencia de cinco estructuras anexas al edificio principal, descubierta tras una inspección motivada por las denuncias de malos tratos presentadas en noviembre del año pasado.

La denuncia inicial fue realizada por una trabajadora, quien acusó a otras empleadas de pegar e insultar a los niños, y presentó grabaciones hechas con su móvil como evidencia. Posteriormente, la Policía detuvo a cinco personas involucradas. El juzgado ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros del centro educativo a cuatro de ellas.

Este caso sigue en curso, con las autoridades trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.