Es una auténtica indecencia y una estafa a mano armada. Lo que estamos sufriendo en los trenes de este país no es fruto del azar ni de un presunto "error humano", como repiten sin pudor para sacudirse las culpas. Es el resultado devastador y criminal de un gobierno infame que gestiona el ministerio con la mayor partida presupuestaria de España —con más de 13.000 millones de euros al año— como si fuera el cortijo de su propia juerga privada. Tuvieron tiempo de sobra, dilapidaron más fondos europeos que nadie en la historia y no hay nadie al frente para asumir la más mínima responsabilidad. Produce una rabia e impotencia insoportables ver cómo arruinan un servicio esencial mientras se ríen de todos nosotros. 

La falta de escrúpulos en la cadena de mando es un chiste macabro. Colocaron a dirigir la infraestructura crítica del país a un personaje cuya máxima trayectoria previa fue saltar de los autobuses de la EMT de Madrid con Carmena a la empresa municipal Auvasa en Valladolid de la mano de Óscar Puente, para luego ser catapultado a dedo a la presidencia de Renfe. Un gestor de autobuses urbanos al mando de 16.000 kilómetros de vías y de la vida de 500 millones de viajeros anuales. Y por si fuera poco despropósito, hace escasos días el ministro va y le otorga el control total sobre la seguridad ferroviaria. Le entregan el mando absoluto de la seguridad a los mismos incompetentes que han dejado desmoronarse el sistema. 

Nos mienten en la cara argumentando un "aumento del tráfico" por la liberalización. Es totalmente falso. Desde la llegada de la alta velocidad en 1992 hasta 2026, la red ha absorbido picos masivos de demanda sin este nivel de abandono estructural. En países serios como Grecia, Taiwán, Egipto o Hungría, por accidentes y fallos en la red con una fracción del daño que sufrimos aquí, los ministros presentaron su dimisión inmediata. Aquí no dimite nadie. Al contrario: el ministro se pasea con chulería por los platós de prime time soltando bromitas sarcásticas, mofándose impunemente de la angustia de todo un país. 

Las cifras del saqueo técnico provocado por este ministerio provocan escalofríos. Solo este último año, la negligencia en la conservación de las vías se ha llevado por delante a más de 100 vidas humanas. ¡Más de cien muertos por su absoluta desidia! Aunque el gasto en mantenimiento de alta velocidad pasó de 260 millones de euros en 2017 a unos 430–444 millones anuales recientemente, la realidad tramposa es que España siempre priorizó el titular de inaugurar tramos antes que conservar lo existente. Según la Comisión Europea, entre 2018 y 2022 solo se destinó un 16% del gasto total en alta velocidad a mantenimiento —frente al tercio o más que invierten Francia o Alemania—. Mientras apenas gastan unos 400 millones de los 600 mínimos indispensables, ADIF dejaba sin ejecutar decenas de millones asignados a conservación por pura incompetencia administrativa y cuellos de botella. Esta dejadez ha acumulado un déficit estructural de inversión de 3.600 millones de euros para compensar la fatiga de materiales; una bomba de relojería que tendrá que asumir sí o sí el próximo gobierno si no queremos que las carreteras se colapsan por completo cuando nadie se atreva a subir a un tren por puro pánico. 

Y mientras la infraestructura caía a pedazos, el dinero público se iba por el sumidero de las comisiones ilegales, prostitutas, orgías, cocaína y aviones privados para financiar la juerga a la Jessica, a la Carlota o a cualquiera que se enrolle "que te cagas". Por no hablar del remate de esta monstruosidad: que para lo único que parecía haber dinero y margen de maniobra era para pagar a narcos para eliminar a una jueza que investigaba la corrupción del entramado. Y entretanto, el presupuesto oficial se tiraba en propaganda ideológica y en gastar millones para cambiar el nombre a las estaciones.

Aquí ya no valen componendas políticas ni disculpas baratas: esta gentuza tiene que terminar rindiendo cuentas ante la justicia y entre rejas. 

Poner orden exige auditar y rescatar las vías de manera inmediata: 

● Plan de Choque Inmediato de 25.000 a 35.000 millones de euros a 5 años para cambiar balasto, raíles y catenarias exhaustas. 

● Despliegue total del sistema ERTMS Nivel 2 para erradicar los fallos de señalización en toda la red. 

● Mantenimiento fijo de al menos 3.200 millones de euros anuales (200.000 €/km), alineándonos con la media de la Unión Europea. 

Basta de chistes en televisión, basta de impunidad y basta de saquear el dinero público mientras la gente se muere en las vías. Queremos cárcel para los culpables y trenes seguros ya.