Redacción Pozuelo IN — El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha salido al paso de la paralización judicial del proyecto del recinto ferial y palacio de congresos, defendiendo que la iniciativa cuenta con el respaldo de informes “favorables” de administraciones regionales y estatales.

Desde el Consistorio sostienen que la suspensión acordada por el juez responde a una medida cautelar “frecuente” en este tipo de procedimientos y no cuestiona el fondo del proyecto.

El Gobierno local “defiende” la legalidad del proyecto

Fuentes municipales aseguran que “todos los informes de la administración regional y nacional avalan el proyecto”, destacando especialmente el informe ambiental estratégico favorable emitido por la Comunidad de Madrid en 2023.

Este documento concluye que “no se observan riesgos para la salud humana ni el medio ambiente” y que el desarrollo urbanístico no genera efectos significativos.

En la misma línea, la Confederación Hidrográfica del Tajo considera que el impacto es “de escasa entidad” y “compatible”, señalando además posibles efectos positivos derivados de la actuación.

Informes técnicos y respaldo institucional

El Ayuntamiento recuerda también que el proyecto cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, que avala su integración en la red viaria.

Asimismo, informes previos de la Consejería de Medio Ambiente ya indicaban que los terrenos no están protegidos ni incluidos en espacios de la Red Natura 2000.

Desde el Ejecutivo local insisten en que estos informes “no son de parte”, sino evaluaciones técnicas de distintas administraciones, incluso de distinto signo político.

El Consistorio se anticipó a la paralización

El Gobierno municipal subraya que ya había decidido no iniciar las obras semanas antes de la resolución judicial, ante la previsión de que se adoptaran medidas cautelares.

El objetivo, explican, era evitar que una paralización sobrevenida afectara a la organización de las fiestas patronales, que se celebran en esa misma parcela.

“Las fiestas se seguirán celebrando con normalidad”, apuntan fuentes municipales, que restan impacto inmediato a la decisión judicial.

Un conflicto abierto con vecinos y oposición

La defensa del Ayuntamiento contrasta con la postura de la asociación POZCAVIR, que impulsó el recurso y alertó de posibles daños ambientales, aumento del tráfico y problemas de ruido.

El proyecto también ha sido objeto de debate político en los últimos meses, con el PSOE reclamando su paralización y cuestionando su prioridad frente a otras inversiones como vivienda o servicios públicos.

Este pulso se suma a otras tensiones recientes en el municipio sobre modelo de ciudad, movilidad o desarrollo urbano, en un contexto donde también se han anunciado proyectos como la llegada de Bicimad o nuevas inversiones deportivas.

El futuro, en manos de los tribunales

La decisión judicial abre una fase de incertidumbre sobre uno de los proyectos más ambiciosos de Pozuelo.

Mientras el Ayuntamiento defiende su legalidad y respaldo técnico, los vecinos mantienen su ofensiva judicial.

El desenlace marcará no solo el futuro del recinto ferial, sino también el rumbo urbanístico de la ciudad en los próximos años.