REDACCIÓN - La disputa internacional derivada de los recortes a las primas de las energías renovables en España ha sumado un nuevo episodio. Acreedores afectados por los laudos arbitrales pendientes de ejecución aseguran haber iniciado los trámites para ejecutar el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, en Países Bajos, un inmueble que valoran en alrededor de diez millones de euros.

Según han comunicado los representantes de los acreedores, el pasado viernes se personaron en el edificio para formalizar actuaciones relacionadas con la ejecución del embargo e incluso colocaron temporalmente carteles en la fachada anunciando la venta del inmueble como consecuencia del procedimiento judicial.

Sin embargo, tanto el Instituto Cervantes como el Gobierno de España niegan que se haya producido una toma efectiva de posesión del edificio. La actividad académica y cultural del centro continúa desarrollándose con absoluta normalidad y sin interrupciones.

El Cervantes rechaza la versión de los acreedores

El Instituto Cervantes emitió este lunes un comunicado en el que aseguró que "en ningún momento" el fondo Blasket Renewable Investments ha tomado posesión del inmueble ubicado en Utrecht.

Fuentes del centro cultural confirmaron además que los carteles colocados en la fachada fueron retirados poco después y que la programación prevista se mantiene sin alteraciones.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica también rechazan la posibilidad de que el inmueble pueda ser subastado en el corto plazo y sostienen que el procedimiento carece de efectos jurídicos válidos.

Un conflicto que se remonta a 2013

El origen del litigio se encuentra en la reforma energética aprobada en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Aquella modificación del sistema de retribución de las energías renovables redujo los incentivos económicos previamente comprometidos con numerosos inversores nacionales e internacionales.

Como consecuencia, decenas de compañías y fondos acudieron a organismos arbitrales internacionales para reclamar compensaciones económicas al Estado español.

Muchos de esos procedimientos se tramitaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, que en varios casos falló a favor de los inversores.

España intenta frenar la ejecución

El Ejecutivo español mantiene que los procedimientos de ejecución abiertos en distintos países europeos no pueden prosperar debido a que los laudos arbitrales afectados han sido notificados a la Comisión Europea como posibles ayudas de Estado.

Fuentes ministeriales explican que España ya ha iniciado actuaciones judiciales en los Países Bajos para solicitar que se levante el embargo y se paralicen las medidas impulsadas por los acreedores.

La controversia se produce además en un momento especialmente delicado para la imagen exterior del Estado español, después de que distintos procedimientos internacionales relacionados con los laudos de las renovables hayan afectado en los últimos meses a bienes y activos públicos en el extranjero.

Mientras continúa la batalla judicial, el Instituto Cervantes de Utrecht sigue desarrollando su actividad habitual, aunque el conflicto vuelve a poner sobre la mesa el elevado coste económico y diplomático derivado de una disputa que se arrastra desde hace más de una década.