A mí, qué quiere que le diga, me da mala espina todo lo que empieza de noche y sin explicaciones. Será deformación profesional de haber visto demasiadas decisiones públicas tomadas a oscuras, o será simple sentido común de vecino que sabe que cuando algo se hace sin avisar es porque no aguanta mucha luz. Y lo ocurrido estos días en Pozuelo con el asunto de los menores inmigrantes tiene mucho de eso: nocturnidad, prisas y silencio administrativo.

La cronología —que ya parece más una novela por entregas que una política pública— empieza con rumores, sigue con anuncios ambiguos, continúa con desmentidos a medias y acaba con autos judiciales, recursos y comunicados cruzados. Todo muy edificante. Y en medio, Pozuelo. No como sujeto del asunto, sino como escenario elegido sin preguntar.

Uno se entera de que van a trasladar 400 menores al CREADE casi por los periódicos, como quien se entera de que le van a cambiar el sentido de la calle el lunes.

—No se preocupe, que ya veremos —viene a decir el Gobierno.

¿Veremos quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿con qué medios?

Aquí es donde el ciudadano medio —ese que paga impuestos, lleva a los niños al colegio y se para a hablar en la cola de la carnicería— empieza a fruncir el ceño. No porque se hable de menores, ni de inmigración, ni de solidaridad, palabras todas ellas muy nobles, sino porque nadie le ha explicado nada. Y cuando no se explica, se sospecha.

El Gobierno central ha ido matizando, reculando, afinando el discurso como quien afina una guitarra vieja: primero que sí, luego que era una opción, después que no hay decisión firme, más tarde que se buscan otras ubicaciones. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid habla de deslealtad monumental, el delegado del Gobierno admite posibilidades sin concretar y el Ayuntamiento de Pozuelo responde como puede: con escritos, recursos, cierres administrativos y advertencias al juez sobre el riesgo cierto de hacinamiento.

Y en mitad de todo esto, la alcaldesa, Paloma Tejero, elevando la presión, pidiendo claridad, reclamando explicaciones y diciendo “no” a un traslado que nadie le explicó previamente. ¿Es eso insolidaridad? ¿O es, simplemente, ejercer las competencias municipales que a uno le corresponden?

Porque convendría recordar algo que parece olvidarse con frecuencia: los municipios no son solares vacíos donde colocar decisiones ajenas. Son ciudades con servicios, con vecinos, con equilibrios frágiles. Y Pozuelo no es una excepción, por muy bien que salga en las estadísticas. Aquí también hay colegios, centros de salud, policías, trabajadores sociales y presupuestos que no se estiran como el chicle.

Lo curioso es que todo este debate se ha intentado reducir a una sola palabra, muy manoseada últimamente: racismo. Racismo preventivo, dicen. Como si pedir información, licencias adecuadas, planificación y recursos fuera una forma encubierta de prejuicio. A mí eso me recuerda a cuando, en las discusiones de bar, el que se queda sin argumentos sube la voz y llama facha al personal. Mano de santo para no debatir nada.

La solidaridad, cuando es de verdad, se organiza. No se improvisa de madrugada. No se impone por decreto. No se disfraza de urgencia permanente. Y, sobre todo, no se hace sin contar con quienes tienen que gestionarla en el día a día.

La cronografía de este asunto deja una enseñanza clara: cuando la política se hace con prisas y sin hablar, acaba en los tribunales. Y cuando se gobierna desde lejos, los problemas se enquistan cerca. Pozuelo ha dicho no. No al desorden, no a la improvisación y no a la falta de respeto institucional. Lo demás, como casi siempre, se podría haber hablado… si alguien hubiera encendido la luz antes de entrar.