REDACCIÓN - Este recurso se dirige específicamente contra la orden emitida por el Ministerio de Hacienda que establece el modelo para la liquidación de este impuesto.

La Comunidad de Madrid no ha cesado en su esfuerzo por oponerse a este tributo, habiéndolo recurrido previamente ante el Tribunal Constitucional, una medida también tomada por otras regiones como Andalucía y Galicia, donde el impuesto ya ha sido eliminado. A pesar de que el recurso ante el Tribunal Constitucional fue admitido a trámite, no se suspendió la aplicación del impuesto mientras se resolvían los recursos, tal como se había solicitado.

Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional, ha destacado que esta nueva acción legal se produce después de la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional y subrayó la necesidad de impugnar todas las disposiciones normativas relacionadas con la entrada en vigor de este impuesto.

El impuesto de Patrimonio es temporal y se aplica a patrimonios netos superiores a 3 millones de euros durante un período de dos años. Según el Ministerio de Hacienda, en 2023, este impuesto recaudó un total de 623 millones de euros, afectando a 12,010 grandes patrimonios, la mayoría de los cuales se encuentran en Madrid.

El Gobierno madrileño argumenta que este nuevo impuesto de Patrimonio invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera, perjudica la seguridad jurídica y "viola" el principio de lealtad institucional, afectando principalmente a los residentes en Madrid y Andalucía.

Los argumentos del Gobierno regional en contra de este impuesto se basan en la supuesta vulneración de varios principios constitucionales, tanto en el procedimiento de aprobación como en la naturaleza misma del impuesto, y argumenta que este gravamen tiene efectos retroactivos para el año 2022, lo que perjudica a los contribuyentes y vulnera el principio de seguridad jurídica. También señala que se opone a los principios de capacidad económica y confiscatoriedad establecidos en la Constitución.

Además, el Gobierno regional sostiene que la creación del impuesto no está justificada debido a la falta de necesidad recaudatoria real, ya que se ha alcanzado una cifra récord de recaudación debido a la presión fiscal del Gobierno central y que este tributo ignora la disposición constitucional contra la arbitrariedad de los poderes públicos.