REDACCIÓN - En esta acción legal, la AECC ha señalado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, junto con otros funcionarios, incluyendo a la consejera regional de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero. La denuncia también incluye al Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género, entre otros, por presuntos delitos de "transfobia" y "desprotección de menores".

La preocupación surge a raíz de la detección de seis casos en la Comunidad de Madrid de hombres que han sido identificados como agresores machistas en el sistema VioGen y que han realizado cambios registrales de sexo. Uno de estos casos se ha identificado en Pozuelo de Alarcón. Según la AECC, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha informado que algunos de estos agresores han intentado acceder a puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género donde están siendo atendidas sus víctimas.

Ana Dávila, la consejera regional, expresó su preocupación en una carta dirigida a la ministra Ana Redondo, solicitando orientación sobre cómo proceder en estos casos. La carta, fechada el 18 de marzo, destaca la situación en Pozuelo de Alarcón, donde algunas víctimas de violencia de género están siendo atendidas en el mismo punto municipal al que intenta acceder su agresor, poniendo en peligro la seguridad de las víctimas y los profesionales, así como el sistema de protección.

La denuncia presentada por la AECC se centra en el caso de Pozuelo de Alarcón, donde un agresor nunca fue condenado por violencia de género a pesar de estar involucrado en más de 120 procedimientos judiciales relacionados con su expareja, quien sufre de dolencias psiquiátricas.

Según la denuncia, el agresor se ha presentado al Punto del Observatorio de Violencia de Género como mujer maltratada, buscando ayuda y protección para su hijo menor de edad. Sin embargo, tanto los Servicios Sociales como el Punto del Observatorio de Violencia de Género de Pozuelo de Alarcón han negado la asistencia al menor debido a la condición de transgénero de su madre.

La AECC ha remitido la denuncia a la Ministra de Igualdad, solicitando una intervención para resolver esta situación que, según la asociación, afecta no solo a las mujeres transgénero, sino también a sus hijos. Además, se solicita una indemnización por responsabilidad civil subsidiaria de 300.000€ a la administración autonómica y municipal por los daños causados al menor.

Este caso destaca las controversias y los vacíos legales en torno a la reciente Ley Trans, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez de la mano de Podemos, que ha generado debates sobre la precisión jurídica y las posibles consecuencias, tanto en el ámbito de la justicia como en otros sectores, como el deportivo.