Redacción Pozuelo IN - La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este lunes el juicio contra cuatro personas acusadas de integrar una presunta organización criminal dedicada a la captación de mujeres sudamericanas para su explotación sexual en una casa de citas situada en Pozuelo de Alarcón.

La Fiscalía solicita penas que oscilan entre los cinco y los trece años de prisión por delitos relacionados con inmigración ilegal, explotación sexual, amenazas y pertenencia a organización criminal. El juicio se prolongará durante toda la semana.

Según el escrito de acusación, la trama habría operado desde principios de 2020 y tenía su base de actividad en un chalet ubicado en la Avenida de Europa. La investigación sostiene que las víctimas eran captadas principalmente en Venezuela y trasladadas a España bajo la promesa de una oportunidad laboral.

Una vez en territorio español, las mujeres contraían supuestamente una deuda que oscilaba entre los 3.000 y los 5.000 euros por los gastos del viaje. La Fiscalía mantiene que esa cantidad debía ser abonada ejerciendo la prostitución en la vivienda de Pozuelo bajo estrictas condiciones de disponibilidad y control.

Entre las normas que presuntamente se imponían figuraban jornadas con disponibilidad prácticamente permanente, un único día libre a la semana y apenas una hora diaria de tiempo libre.

Durante la primera sesión del juicio, el principal acusado negó haber facilitado la entrada ilegal de mujeres en España o haber promovido actividades relacionadas con la prostitución. El procesado aseguró que únicamente alquilaba habitaciones del inmueble y rechazó que el chalet estuviera destinado a una actividad organizada de explotación sexual.

Otra de las acusadas también rechazó las imputaciones y negó haber colaborado en la captación de mujeres o en la difusión de contactos relacionados con la actividad investigada.

La Fiscalía solicita para el supuesto líder de la organización una condena de trece años de prisión. De esa cifra, siete años corresponderían al delito de inmigración ilegal cometido en el seno de una organización criminal y otros seis años por delitos relacionados con el lucro derivado de la explotación sexual.

Para el resto de procesados, el Ministerio Público reclama penas de entre cinco y seis años de cárcel en función de su presunta participación en los hechos.

Las defensas han solicitado la nulidad de diversas pruebas incorporadas a la causa, entre ellas el análisis de teléfonos móviles intervenidos durante la investigación y algunas declaraciones realizadas tras las detenciones.

La vista oral continuará durante los próximos días con la declaración de testigos, agentes policiales y peritos antes de que la Audiencia Provincial dicte sentencia.