Redacción Pozuelo IN - Según informa El Confidencial, lo que iba a ser un espacio pensado para hospedaje o equipamientos podría convertirse, insólitamente, en una gasolinera. El último episodio urbanístico en Pozuelo de Alarcón enfrenta a vecinos, Ayuntamiento y Ministerio de Hacienda tras la subasta de Segipsa, la sociedad estatal que ha adjudicado un solar estratégico a una empresa cuyo plan dista mucho de la idea original.

La parcela, de 1.129 metros cuadrados y una edificabilidad de 903, se encuentra junto a los estudios de RTVE en Prado del Rey, a pocos pasos de la Casa de Campo y justo enfrente del Hospital Universitario Quirón Salud. Una ubicación que, para muchos residentes, no parece compatible con una hilera de surtidores.

La operación se remonta a julio de 2024, cuando Segipsa licitó públicamente el derecho de superficie durante 25 años por un canon mínimo de 47.000 euros al año. La adjudicación se resolvió en enero por apenas 1.000 euros más que el precio de salida. La ganadora fue Gesmonher 62 SL, sociedad tras la que está el grupo distribuidor de gasóleo Jihupa.

“No tiene sentido”, coinciden muchos vecinos, que recuerdan que en un radio de apenas dos kilómetros ya existen varias estaciones de servicio. Y que la zona residencial elegida no parece el mejor lugar para sumar una más, especialmente a las puertas de un hospital y de uno de los pulmones verdes de Madrid.

La alcaldesa, Paloma Tejero, ha enviado una carta directa a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidiendo que reconsidere la venta. “Genera una gran inquietud entre los vecinos, que temen un impacto negativo en la calidad de vida y el entorno urbano; una preocupación plenamente compartida por este Ayuntamiento”, subraya la regidora.

Pero aquí llega la trampa burocrática. Aunque el uso principal del terreno es terciario —pensado para hospedaje, oficinas o equipamientos—, el uso comercial es compatible, por lo que la licencia urbanística solicitada es un acto reglado: si cumple los requisitos, el Consistorio está obligado por ley a concederla.

Para algunos, la paradoja es evidente: en plena crisis de vivienda, con falta de alquiler asequible, Hacienda podría haber transformado el suelo en residencial, una posibilidad legal gracias a la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid. En lugar de eso, prefirió subastar el solar. “No se entiende”, lamenta un vecino afectado. “Podría haberse convertido en viviendas asequibles o en una residencia de estudiantes. ¿Una gasolinera aquí, de verdad?”.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden la legalidad del proceso: la subasta cumplió todos los requisitos de transparencia y libre concurrencia. Además, advierten de que los pliegos ya contemplaban que Segipsa no se hace responsable si la autoridad local deniega la licencia de obra o actividad.

Mientras, la tensión crece en el barrio. Lo que parecía un simple terreno público, a la sombra de los pinos de la Casa de Campo, se ha convertido en un nuevo frente político. La pelota está ahora en el tejado de Hacienda. Y en las manos de los vecinos que, con la alcaldesa al frente, prometen no rendirse fácilmente.