REDACCIÓN - La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado este miércoles una actuación en la sede federal del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid, para requerir documentación relacionada con la denominada trama SEPI, una investigación que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Según la información conocida, los agentes habrían solicitado formalmente diversa documentación vinculada a la causa, que continúa bajo secreto de sumario.

Fuentes citadas por Libertad Digital señalan además que no se descartaría una entrada y registro posterior si la documentación requerida no fuera entregada.

Tres detenidos y una investigación abierta desde diciembre

La investigación ya provocó el pasado diciembre varias detenciones que situaron el foco sobre personas vinculadas al entorno político y empresarial.

Entre ellas figuraban Leire Díez, identificada mediáticamente como excolaboradora próxima al PSOE; el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández; y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar.

Tras prestar declaración judicial, los tres quedaron en libertad con medidas cautelares después de que la Fiscalía no solicitara prisión provisional.

El grupo “Hirurok”, bajo análisis de los investigadores

Uno de los elementos que aparece en la investigación es la existencia de un grupo de mensajería denominado “Hirurok” —expresión vasca que significa “los tres juntos”—.

Según la información incorporada a la causa, los investigadores analizan si ese canal pudo utilizarse para tratar operaciones relacionadas con contratos públicos, ayudas y supuestas comisiones.

La investigación apunta además a posibles influencias ejercidas sobre procedimientos administrativos vinculados a distintos departamentos ministeriales y organismos públicos.

Contratos bajo sospecha y adjudicaciones examinadas

La causa examina presuntas irregularidades en adjudicaciones y subvenciones públicas.

Los investigadores habrían puesto el foco sobre expedientes relacionados con organismos y empresas como SEPI, ENUSA, Mercasa o Forestalia, entre otras.

La hipótesis investigada sostiene que determinadas actuaciones pudieron orientarse a influir en resoluciones administrativas o evitar impugnaciones sobre contratos.

Las pesquisas cifran el volumen económico investigado en más de 132 millones de euros, repartidos en al menos cinco contratos que estarían siendo revisados.

Requerimientos previos de la UCO

La actuación en Ferraz llega meses después de otros requerimientos documentales realizados por la Guardia Civil.

En diciembre de 2025 los agentes se personaron en diferentes organismos públicos para solicitar expedientes relacionados con licitaciones y ayudas bajo sospecha.

Entre ellos figuraban la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Correos y áreas vinculadas a Transición Ecológica y Política Energética.

Ahora, la investigación avanza hacia una nueva fase con la entrada de la UCO en la sede central socialista, una imagen de fuerte impacto político que vuelve a situar el foco sobre las causas abiertas relacionadas con contratación pública y presuntas redes de influencia.

Por el momento, el procedimiento continúa bajo secreto de sumario y no existe resolución judicial firme sobre responsabilidades penales.