REDACCIÓN - La investigación judicial sobre el denominado ‘caso Leire Díez’ entra en una nueva fase. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido Ana María Fuentes, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y al empresario Javier Pérez Dolset.

La decisión llega el mismo día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a la sede federal socialista de la calle Ferraz, en Madrid, para ejecutar un requerimiento de documentación ordenado por el magistrado instructor.

La causa, que permanece parcialmente bajo secreto, investiga a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y a otras personas vinculadas a operaciones bajo sospecha relacionadas con empresas públicas y expedientes administrativos.

La investigación apunta a posibles pagos y búsqueda de información sensible

Fuentes jurídicas consultadas sitúan una de las líneas de investigación en determinar si existieron pagos desde estructuras vinculadas al PSOE hacia una presunta red dedicada a obtener información sobre jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.

El auto también amplía las diligencias sobre operaciones relacionadas con entidades dependientes de la SEPI, un frente que ya había provocado registros, intervenciones de dispositivos electrónicos y actuaciones policiales desde finales de 2025.

Pedraz ha ordenado además que la Guardia Civil se persone en los domicilios de Cerdán y Zarrías, ampliando el alcance operativo de la investigación.

La UCO rastrea comisiones y contratos bajo sospecha

Los investigadores sospechan que Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y vinculado al entorno del antiguo número tres socialista, habrían actuado de forma coordinada entre 2021 y 2023.

La hipótesis policial sitúa el foco en presuntas comisiones por importe cercano a 700.000 euros, obtenidas supuestamente mediante operaciones relacionadas con empresas públicas y organismos dependientes de la SEPI.

Según la investigación, los tres formarían parte de un grupo denominado “Hirurok” —“los tres” en euskera— desde el que habrían orientado expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros aprovechando relaciones e influencia institucional.

Los investigadores examinan cinco operaciones concretas en las que se habrían producido decisiones favorables a intereses empresariales vinculados al entorno investigado.

El antecedente de Zarrías y el papel de Leire Díez

Uno de los nombres que reaparece en la causa es el de Gaspar Zarrías, quien ya declaró en otra investigación en Plaza de Castilla relacionada con Leire Díez.

El exdirigente andaluz reconoció haber contratado a Díez para investigar una supuesta relación del comisario jubilado José Manuel Villarejo con el caso de los ERE andaluces, procedimiento por el que él mismo resultó juzgado.

Según explicó entonces, llegó a abonarle 4.000 euros mensuales durante cuatro meses.

Ese antecedente vuelve ahora al tablero judicial mientras la Audiencia Nacional amplía el perímetro de la investigación.

Nuevo frente político y judicial

La decisión de Pedraz se produce apenas unos días después de otras actuaciones judiciales que han marcado la actualidad nacional y que ya han tenido eco político en Madrid.

En las últimas semanas han coincidido procedimientos sobre el entorno del Gobierno, diligencias abiertas en diferentes juzgados y nuevas actuaciones de la UCO, configurando uno de los momentos de mayor presión judicial de la legislatura.

Por ahora, las imputaciones abren una nueva etapa procesal, pero no implican condena ni prejuzgan responsabilidad penal.

La causa continúa en fase de instrucción y las próximas semanas serán decisivas para conocer el alcance definitivo del procedimiento.