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REDACCIÓN - Nuevo golpe judicial para uno de los casos de corrupción más relevantes surgidos tras la pandemia. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años por las irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la emergencia sanitaria del COVID-19.
La Sala de lo Penal del alto tribunal ha adoptado la decisión por unanimidad tras un juicio que se prolongó durante catorce sesiones entre abril y mayo y que ha estado marcado por las acusaciones de corrupción en la contratación pública durante los momentos más críticos de la pandemia.
La sentencia también impone una pena de cuatro años y medio de cárcel al empresario Víctor de Aldama, considerado una de las figuras clave de la trama investigada.
El Supremo avala la tesis de la Fiscalía
La resolución judicial respalda prácticamente las peticiones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción respecto a Ábalos y Koldo García.
El Ministerio Público había solicitado 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su antiguo asesor, mientras que para Aldama reclamaba siete años de cárcel.
Por su parte, las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular habían elevado sus peticiones hasta los 30 años de prisión para Ábalos y Koldo García, además de cinco años para el empresario.
Un juicio marcado por versiones enfrentadas
Durante las vistas celebradas en el Tribunal Supremo, José Luis Ábalos defendió en todo momento su inocencia y rechazó cualquier participación en actividades irregulares relacionadas con la adquisición de material sanitario.
La misma estrategia siguió Koldo García, quien negó los delitos que se le imputaban y solicitó su absolución.
Víctor de Aldama, sin embargo, adoptó una posición diferente. El empresario reconoció durante el procedimiento su participación en delitos relacionados con cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada, una circunstancia que ha sido tenida en cuenta por el tribunal a la hora de fijar la condena.
Un caso que marcó la legislatura
La investigación sobre las compras de mascarillas se convirtió en uno de los principales focos de desgaste político para el Gobierno y para el PSOE durante los últimos años.
Las pesquisas judiciales pusieron bajo la lupa varios contratos adjudicados durante los meses más duros de la crisis sanitaria, cuando las administraciones públicas buscaban material de protección de forma urgente ante la expansión del coronavirus.
La causa provocó además la salida definitiva de Ábalos de la primera línea política y abrió una crisis interna de gran alcance dentro del socialismo español.
La presión judicial aumenta sobre el entorno del Gobierno
La sentencia llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, coincidiendo con otras investigaciones que afectan al entorno político del presidente Pedro Sánchez.
En las últimas semanas, la actualidad judicial también ha estado marcada por las decisiones adoptadas en el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, cuya situación procesal ha generado una amplia repercusión tanto en España como en medios internacionales.
La condena del Supremo a Ábalos y Koldo añade un nuevo episodio a una etapa de intensa presión judicial sobre antiguos responsables políticos vinculados al PSOE y vuelve a situar el debate sobre la transparencia y el control de los contratos públicos en el centro de la actualidad nacional.
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