Por Germán Pose - La historia se remonta al año 2018 cuando Rocío Bautista, que en la actualidad tiene 38 años, trabajaba de profesora de Historia en un instituto de Pozuelo de Alarcón, vivía en su vivienda, un adosado  dúplex en el número 22 de la Avenida de Europa y cursó una solicitud para el programa de profesores en el extranjero del Ministerio de Educación. Rocío fue seleccionada y destinada a un centro educativo de Texas, en Estados Unidos, y no dudó en aceptarlo.

“ESTA MUJER ME ENSEÑO UNA CUENTA DE 150.000 EUROS Y VA EN UN AUDI 3”

Entonces, Rocío decidió hacer las maletas, cambiar de rumbo y alquiló su vivienda. Primero, a un matrimonio joven, que permaneció un año, y después, a varios estudiantes, que estuvieron otros dos años más. Fue hace un año y medio cuando se cruzó en su vida MC. D.M., una mujer de 60 años que apareció con una niña de cuatro años con la intención de alquilar la casa, cuyo precio mensual ascendía a 1.650 euros. “Esta mujer me presentó la documentación de su empresa de organización de eventos y un recibo de su cuenta bancaria en la que había cerca de 150.000 euros”, comenta Rocío a Pozuelo IN, que también añade que “me enseño unas cuentas de ganancias trimestrales superiores a los 15.000 euros, y me expresó la intención de matricular a la niña, que no sé si es hija doptada o su nieta, en el Colegio Rosales, donde estudió el rey y uno de los más exclusivos de Madrid. Además, tenía en propiedad un coche de lujo, un Audi 3, por lo que no dudé de su solvencia económica”, continúa Rocío.  

Ocurrió que durante su estancia en Texas Rocío conoció a Carl, de 42 años, el que ahora es su marido, y quedó embarazada. Por ese motivo, mientras esperaba la llega del bebé Rocío decidió regresar a España con su familia y habitar la vivienda de su propiedad en Pozuelo. “Le comuniqué a esta señora inquilina mi intención de volver a mi casa y rescindir el contrato con dos meses de antelación, como marca la ley”, relata Rocío.     

“LA LEY DE VULNERABILIDAD ES UNA VERGÜENZA”

Los contratos de alquiler son de 5 años, según la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero la propietaria, si demuestra su necesidad de recuperar la vivienda para habitarla -no para volver a alquilarla- lo puede hacer pasado un año del alquiler.  “La demanda se interpuso en julio y resulta que esta señora ha presentado la solicitud de vulnerabilidad”, se lamenta perpleja la propietaria, que sonríe en la gélida mañana de febrero ante la puerta de su casa y comenta: Me hace gracia lo  de “inquiokupa pija”, le va como anillo al dedo. 

La solicitud de vulnerabilidad  es una opción que parte de una ley que se aprueba en 2020 a causa de la pandemia del Covid y que permite a las familias “vulnerables” no ser desahuciadas en caso de que dejen de pagar el alquiler. 

“Parece claro que esta señora no es nada vulnerable, según revela su posición económica. Creo que el gobierno, con esa excusa, está usando viviendas privadas, de particulares, como escudo social”, subraya Rocío. “Ahora me debe cerca de 15.000 euros que no sé si algún día los cobraré”.

El juicio por la demanda presentada por Rocío Bautista estaba previsto para este miércoles, 8 de febrero, en los juzgados de Pozuelo de Alarcón, pero ha sido suspendido debido a la huelga que mantienen los abogados de la Administración de Justicia. El caso es que, según la abogada de Rocío, Asuntos Sociales podría haber declarado nula la solicitud de vulnerabilidad presentada por su inquilina okupa. En principio, el desahucio estaba previsto para el 16 de marzo, pero antes debe haber una sentencia judicial por lo que, a causa de esa huelga, el asunto se podría prolongar unos meses más.

Entre tanto, Rocío, que ahora está dando clases de Historia en otro centro de Pozuelo, junto con su marido Carl y su bebé de dos meses han tenido que refugiarse en la casa de sus padres, que residen en un barrio de Aravaca en una casa con una superficie bastante limitada para vivir tantas personas. Carl, su marido, es topógrafo pero está en paro a la espera de que Inmigración regularice su situación en España.  

“De todas maneras, me siento indefensa, confundida, muy sola. Esta ley que afecta a la vulnerabilidad es una vergüenza y la gente no la conoce. Los votantes socialistas no saben que existe esta ley. Hay que gente que lleva con su casa expropiada desde hace 4 años por un inquilino “falso vulnerable” porque es gente que trabaja en “B”. Dan ganas de tomarse la justicia por su mano, pero, en fin”, concluye Rocío, tan sonriente como desesperada.