REDACCIÓN - Después de más de 20 años de trámites urbanísticos, el esperado desarrollo del nuevo barrio de Montegancedo, en Pozuelo de Alarcón, ha sido suspendido de forma cautelar por un juez, tras la interposición de un recurso por parte de la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid. Esta suspensión pone en peligro la construcción de 1.000 viviendas, de las cuales 300 serían de propiedad pública, así como otros proyectos clave para el municipio.

El proceso de urbanización, que contaba con todos los permisos aprobados, se detuvo en julio debido a un recurso que alega la necesidad de proteger el medio ambiente de un terreno que lleva clasificado como suelo urbano desde hace 22 años. Sin embargo, los promotores y las administraciones locales aseguran que el 70% de la superficie total de Montegancedo (unas 48 hectáreas) está destinada a zonas verdes y que 36 hectáreas pasarían a ser de titularidad pública. El parque forestal de Montegancedo sería conservado, mientras que solo el 15% del terreno se destinaría a la construcción de viviendas en la zona de "Los Polvorines de Retamares", una antigua instalación militar abandonada.

El director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), Jorge Ginés, lamenta que esta paralización es un claro ejemplo de los problemas que enfrenta la política de vivienda en España. Según Ginés, este retraso afecta no solo al desarrollo inmobiliario, sino también a iniciativas sociales importantes, como el I Plan de Vivienda para Familias Numerosas de Pozuelo, que se vería afectado por la falta de viviendas asequibles.

Además, la paralización mantiene la brecha urbana entre la Universidad Politécnica de Montegancedo y el barrio de La Cabaña, impidiendo la expansión del campus universitario y la mejora de accesos viales importantes, como el nuevo acceso desde la M-40.

Los promotores han apelado la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, argumentando que el retraso perjudica gravemente el interés público y que no se han considerado los datos medioambientales correctos en la demanda de los ecologistas. Para Ginés, esta situación genera inseguridad jurídica que afecta no solo al proyecto de Montegancedo, sino a la oferta de vivienda en todo el país, poniendo en riesgo desarrollos urbanísticos que buscan atender la creciente demanda de viviendas.

La resolución del recurso podría tardar meses o incluso años, lo que agrava la situación y deja en el aire la viabilidad del proyecto.