Hay una nueva moda administrativa que avanza sin hacer ruido, como esas humedades que empiezan en un rincón y cuando te das cuenta ya te han levantado el suelo del salón. La moda consiste en que la Administración, que ya tiene bastante con administrar regular, ha decidido convertirse en empresaria. Pero no empresaria al uso, no. Empresaria con ventaja. Empresaria con árbitro propio, campo inclinado y tarjeta amarilla solo para el contrario.

Antes, el Estado regulaba, inspeccionaba, cobraba impuestos y, con suerte, prestaba servicios. Ahora no. Ahora compite. Monta empresas públicas que hacen exactamente lo mismo que hacen cientos o miles de pequeños y medianos empresarios… solo que con una diferencia fundamental: no se juegan su dinero, sino el de todos.

El pequeño empresario —ese señor o señora que abre la persiana cada mañana con más fe que margen— compite con lo que tiene: su ahorro, su crédito limitado, su hipoteca, su estrés y su miedo al trimestre fiscal. La empresa pública, en cambio, compite con una herramienta infalible: el presupuesto. Si pierde dinero, no pasa nada. Si no cuadra cuentas, se amplía partida. Si va mal, se inyecta más financiación. Y si aun así fracasa, siempre se puede cambiar el nombre, crear un nuevo ente y volver a empezar. Todo muy resiliente, como se dice ahora.

¿Cómo se le explica al autónomo que paga IVA, IRPF, Seguridad Social, tasas municipales, licencias y hasta el papel del váter del despacho, que ahora tiene que competir con una empresa creada con **sus propios impuestos**? Es decir: primero paga, y luego le hacen la competencia con lo que ha pagado. Eso ya no es libre mercado: eso es ingeniería creativa del absurdo.

Porque la empresa pública no tiene que ganar dinero. Le basta con no escandalizar demasiado. Puede ofrecer precios por debajo del mercado, asumir pérdidas crónicas y funcionar sin la presión de cerrar. ¿Qué empresario privado puede competir contra alguien que sabe que, pase lo que pase, no se va a arruinar? Ninguno. Ni el más listo, ni el más trabajador, ni el más innovador.

Y no se trata de sectores estratégicos ni de servicios esenciales, que siempre han tenido su debate legítimo. No. Se trata de actividades perfectamente cubiertas por la iniciativa privada, donde hay profesionales, experiencia y tejido empresarial. Pero alguien en un despacho ha decidido que “esto también lo podemos hacer nosotros”. Y allá que van, con logo nuevo, consejo de administración generoso y plantilla blindada.

El resultado es devastador y silencioso. No hay huelgas ni manifestaciones. Hay cierres discretos, negocios que no se traspasan, empresas familiares que no pasan a la siguiente generación. Nadie corta carreteras por esto, pero el daño es real. Porque cuando desaparece la empresa privada pequeña y mediana, no desaparece solo un negocio: desaparece independencia.

Al final, todo queda en manos de la Administración: el empleo, el servicio y el criterio. Y cuando eso ocurre, el ciudadano deja de ser cliente y pasa a ser súbdito administrativo. Ya no elige; acepta. Ya no compara; espera. Y si no le gusta, que rellene un formulario.

Lo más llamativo es que todo esto se hace en nombre del progreso, de lo público, de lo social. Palabras grandes para justificar una dinámica peligrosa: la de un Estado que, en lugar de facilitar que los demás trabajen, decide "salir a jugar el partido con ventaja".

Y luego se preguntan por qué el pequeño empresario está harto, desmotivado o directamente desapareciendo. No es falta de espíritu emprendedor. Es que nadie puede correr una carrera cuando el otro sale diez metros por delante… y además paga el juez con tu dinero.