Después de más de dos años de accidentes, advertencias vecinales y reclamaciones ante distintas administraciones, el peligroso paso situado entre las vías del Metro Ligero Oeste y el arroyo Meaques, en Pozuelo de Alarcón, está siendo objeto de obras para mejorar su seguridad.

La Comunidad de Madrid ha comenzado a intervenir en este estrecho tramo que conecta la zona de Colonia Jardín, en Madrid, con la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo. Según ha informado Telemadrid este viernes 30 de octubre, los trabajos contemplan la construcción de un muro de protección, el relleno de tierras y la ampliación del espacio disponible en el punto más conflictivo.

La actuación supone un cambio significativo en un problema del que Pozuelo IN ha venido informando desde mayo de 2025, cuando los vecinos acudieron al Defensor del Pueblo después de meses reclamando medidas para evitar nuevas caídas.

Sin embargo, la intervención no implica, al menos por ahora, que el paso vaya a quedar reconocido oficialmente como itinerario peatonal o ciclista. La administración regional encuadra las obras en la protección del dominio público ferroviario, aunque las mejoras previstas también reducirán los riesgos para quienes accedan al lugar.

Un accidente grave en 2024 puso el peligro sobre la mesa

El origen de las reclamaciones se remonta, al menos, al 29 de septiembre de 2024, cuando un ciclista sufrió una grave caída mientras atravesaba el estrecho corredor situado junto al Metro Ligero.

El hombre perdió el equilibrio y se precipitó aproximadamente seis metros hasta el cauce hormigonado del arroyo Meaques después de que el vallado no consiguiera detener su caída.

El rescate requirió la intervención de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y de los sanitarios del SUMMA 112, que tuvieron que acceder a una zona especialmente complicada para atender y evacuar al herido.

El punto más estrecho del paso apenas alcanzaba los 60 centímetros de anchura, según las informaciones publicadas entonces, una circunstancia que, unida al desnivel y al deterioro de las protecciones, había generado preocupación entre sus usuarios.

Pese a sus condiciones, el recorrido era utilizado habitualmente por trabajadores, estudiantes, ciclistas y vecinos que se desplazaban entre Colonia Jardín y la Ciudad de la Imagen.

De las reclamaciones vecinales al Defensor del Pueblo

El 29 de mayo de 2025, Pozuelo IN publicó que los vecinos habían decidido acudir al Defensor del Pueblo ante la falta de una solución satisfactoria.

Los afectados habían trasladado previamente sus reclamaciones al Ayuntamiento de Pozuelo, al de Madrid, a la Comunidad de Madrid y a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

La petición vecinal se centraba en reforzar las protecciones del tramo y evitar que se repitieran accidentes como el ocurrido en septiembre de 2024.

La preocupación no se limitaba a los ciclistas. El camino también era utilizado como conexión cotidiana por personas que acudían a trabajar, estudiar o realizar compras en la Ciudad de la Imagen.

Con el paso de los meses, el conflicto continuó sin una solución definitiva y las reclamaciones llegaron también a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Un segundo accidente y una denuncia ante la Fiscalía

La situación volvió a adquirir especial gravedad el 30 de abril de 2026, cuando otro ciclista cayó desde una altura aproximada de cuatro metros en este mismo entorno.

En esta ocasión, el hombre sufrió múltiples contusiones y tuvo que ser rescatado por los bomberos, con intervención de los servicios de emergencia y colaboración de SEAPA Pozuelo.

El nuevo accidente reabrió las críticas sobre la seguridad de un punto en el que ya existían antecedentes de caídas.

Tal y como informó Pozuelo IN el 4 de mayo, las reclamaciones habían llegado también a la Fiscalía de Madrid mediante una denuncia presentada el 13 de abril, con la que se solicitaba examinar la situación y las posibles responsabilidades derivadas de la falta de intervención.

El asunto había dejado de ser únicamente una reclamación vecinal sobre el estado de un camino para convertirse en una cuestión de seguridad con actuaciones trasladadas a distintas instituciones.

Pozuelo optó por cerrar el paso, pero los vecinos pedían acondicionarlo

La respuesta municipal llegó a finales de mayo de 2026, cuando el Ayuntamiento de Pozuelo anunció su intención de impedir el tránsito por el tramo peligroso.

La Policía Municipal había instalado señales de prohibición y elementos de balizamiento. También se levantaron muros de bloques para bloquear el acceso, aunque fueron derribados poco después.

El Consistorio defendía que aquel espacio no constituía un camino habilitado para la circulación, sino una separación entre la infraestructura del Metro Ligero y el paso del arroyo Meaques. Desde esa interpretación, consideraba necesario impedir su utilización para evitar nuevos accidentes.

Sin embargo, vecinos y usuarios habituales discrepaban de la solución adoptada. Defendían que el recorrido existía antes de la construcción del Metro Ligero y sostenían que lo adecuado era mejorar el vallado y acondicionar el tramo, en lugar de eliminar una conexión utilizada diariamente.

La controversia reflejaba dos planteamientos diferentes: impedir el acceso a un punto considerado peligroso o intervenir sobre él para reducir el riesgo sin perder la conexión.

Un nuevo muro de protección y más anchura

Las obras que ahora ejecuta la Comunidad de Madrid introducen una solución distinta a los intentos anteriores de bloquear físicamente el paso.

Según la información publicada por Telemadrid, la intervención incluye un muro destinado a proteger la zona, además de trabajos de relleno y mejora del terreno que permitirán disponer de un espacio más amplio.

La Comunidad sitúa estas actuaciones dentro de sus responsabilidades sobre el dominio público ferroviario y las considera necesarias también para garantizar la seguridad de los servicios encargados del mantenimiento de la infraestructura.

Se trata de una intervención relevante porque aborda las condiciones físicas que habían motivado las reclamaciones vecinales: la estrechez del tramo y la insuficiencia de las protecciones frente al desnivel del arroyo.

No obstante, todavía quedan cuestiones por aclarar. No se ha comunicado oficialmente si el recorrido podrá utilizarse como paso público una vez terminadas las obras, si se mantendrán las prohibiciones municipales de acceso o cuál será el régimen definitivo de utilización.

Una solución que llega después de años de advertencias

La actuación regional representa el primer avance material de esta nueva etapa del conflicto, después de las reclamaciones ante varias administraciones, los accidentes registrados y las medidas municipales de cierre.

La cuestión pendiente es si las obras permitirán compatibilizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria con las necesidades de movilidad de quienes utilizan esta conexión entre Madrid y Pozuelo.

Para los vecinos que reclamaban una mejora de las protecciones, la construcción del muro y la ampliación del paso responden a parte de sus peticiones. Pero el alcance definitivo de la intervención dependerá de cómo quede acondicionado el tramo y de las decisiones administrativas sobre su utilización.

Tras más de dos años de controversia, el problema del arroyo Meaques comienza a encontrar una respuesta sobre el terreno. Queda por conocer si esa respuesta permitirá recuperar una conexión segura o si el paso continuará oficialmente restringido.