El Tribunal Supremo ha anulado este jueves, 8 de octubre, el decreto con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía endurecer los requisitos para crear y reconocer universidades privadas en España.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado un recurso presentado por el Gobierno de las Islas Baleares y ha declarado la nulidad del Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, aprobado hace exactamente un año.

El motivo es de carácter procedimental. Los magistrados consideran que el Ejecutivo no justificó suficientemente la urgencia con la que tramitó la norma, una decisión que permitió omitir el trámite de consulta pública previa.

El tribunal concluye que esa omisión carecía del respaldo legal necesario. La sentencia no entra a valorar si los requisitos establecidos para las universidades eran adecuados o excesivos. 

Un decreto que imponía mayores exigencias a las universidades

La regulación aprobada en octubre de 2025 modificaba las condiciones para la creación, el reconocimiento y la autorización de universidades y centros universitarios.

Su objetivo declarado era reforzar los estándares de calidad de la enseñanza superior y evitar la apertura de instituciones que no acreditasen suficiente capacidad docente, investigadora o económica.

Entre las condiciones que introducía figuraban la obligación de alcanzar 4.500 estudiantes matriculados en los primeros seis años de actividad, mayores exigencias en investigación y determinados requisitos de infraestructura y solvencia.

La norma también contemplaba obligaciones relacionadas con la oferta de doctorado, la cualificación del profesorado y la financiación de la actividad investigadora.

Estas exigencias suscitaron críticas de varios gobiernos autonómicos y representantes del sector universitario privado, que cuestionaron tanto su contenido como la forma en que habían sido aprobadas. 

Universidad Francisco de Vitoria.

Baleares consigue la anulación de toda la norma

El recurso que ha prosperado fue presentado por el Gobierno de las Islas Baleares.

La comunidad autónoma argumentó que la tramitación urgente no estaba suficientemente motivada y que el procedimiento había prescindido de consultas legalmente previstas.

También cuestionó determinadas obligaciones materiales del decreto, como la exigencia de un volumen mínimo de alumnos o la disponibilidad de alojamiento universitario, por considerar que no atendían adecuadamente a las particularidades territoriales y demográficas de las islas.

Sin embargo, el Supremo ha resuelto el litigio por el defecto de tramitación, sin necesidad de pronunciarse sobre esas objeciones de fondo.

La resolución declara la nulidad íntegra del Real Decreto 905/2025, ordena publicar el fallo en el Boletín Oficial del Estado e impone las costas del procedimiento a la Administración General del Estado. 

La Comunidad de Madrid también se había opuesto

La decisión judicial tiene especial relevancia para la Comunidad de Madrid, uno de los territorios con mayor presencia de universidades privadas.

El Ejecutivo autonómico había anunciado su oposición al decreto desde su aprobación en octubre de 2025.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, llegó a calificar entonces la regulación como un ataque a la iniciativa privada y a las libertades de empresa, enseñanza y cátedra.

El Gobierno madrileño defendía que las nuevas condiciones podían dificultar la creación de instituciones universitarias y cuestionaba el alcance de la intervención estatal sobre un ámbito en el que las comunidades autónomas ejercen competencias de autorización y reconocimiento. 

La sentencia conocida este jueves supone la anulación de la modificación normativa impugnada, aunque no equivale a una autorización automática para abrir nuevas universidades. Los proyectos universitarios continúan sujetos a los requisitos legales que resulten aplicables.

Universidad Europea de Madrid.

¿Qué consecuencias tiene para Pozuelo y el noroeste de Madrid?

El debate tiene una dimensión especialmente cercana para municipios como Pozuelo de Alarcón, donde la enseñanza universitaria privada forma parte de la actividad educativa y económica local.

Pozuelo alberga el campus de la Universidad Francisco de Vitoria, mientras que otros municipios del oeste madrileño mantienen vínculos con centros de enseñanza superior y proyectos académicos.

La anulación del decreto modifica el marco estatal de exigencias adicionales introducidas en 2025, pero no supone por sí misma cambios en los títulos, matrículas o funcionamiento ordinario de las universidades privadas ya reconocidas.

Tampoco permite concluir que la sentencia afecte de forma concreta a la Universidad Francisco de Vitoria o a algún proyecto universitario de Pozuelo. Para establecer esa relación sería necesario identificar expedientes administrativos afectados por la norma anulada.

Su principal repercusión inmediata se encuentra en las condiciones regulatorias que deberán aplicarse a los futuros proyectos universitarios.

Sánchez acata la sentencia, pero anuncia otra regulación

El Gobierno central ha reaccionado asegurando que respeta la decisión judicial, aunque discrepa de sus fundamentos.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, sostiene que existían razones para tramitar urgentemente el decreto y recuerda que la sentencia no cuestiona el contenido de la regulación.

Pedro Sánchez también ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en una nueva norma para reforzar el control de calidad de las universidades y evitar que la educación superior se convierta, en sus palabras, en un negocio. 

La decisión del Supremo abre así una nueva fase en el debate sobre el modelo universitario español.

Por un lado, el Gobierno central mantiene su intención de elevar los requisitos académicos y económicos para la creación de universidades. Por otro, las comunidades autónomas que recurrieron la regulación defienden sus competencias y cuestionan algunas de las restricciones planteadas.

El pronunciamiento judicial resuelve, por ahora, una cuestión concreta: el Ejecutivo no podía prescindir de la consulta pública previa mediante una declaración de urgencia insuficientemente justificada.

El contenido de una futura regulación universitaria y su encaje competencial seguirán siendo objeto de debate.