Por Micaela Malaussena - El Gobierno de España se prepara para aprobar la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin merma salarial. La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, y el Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, se debatirá en el Consejo de Ministros del próximo 4 de febrero. El Ejecutivo ha decidido agilizar su tramitación para cumplir con los plazos comprometidos en el acuerdo de gobierno, tras el incumplimiento de la reducción a 38,5 horas en 2024.

Además de la disminución de la jornada, la reforma incluye otras disposiciones, como la obligatoriedad de que las empresas implementen un registro digital de jornada "objetivo, fiable y accesible" y el refuerzo del derecho a la desconexión digital como una garantía laboral irrenunciable. Sin embargo, aunque la norma será aprobada en el Consejo de Ministros, su aplicación dependerá de la obtención de una mayoría parlamentaria que respalde su implantación.

Preocupación en el comercio y la hostelería

El impacto económico de esta medida preocupa especialmente a los sectores del comercio y la hostelería, donde la flexibilidad horaria es clave para su funcionamiento. La Comunidad de Madrid estima que la reducción de la jornada generará un sobrecoste anual de 2.635 millones de euros en estos sectores, de los cuales 1.775 millones afectarán al comercio y 860 millones a la hostelería.

Según el informe presentado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Ejecutivo regional, estos sectores representan el 17,2% del PIB madrileño y emplean a casi 800.000 trabajadores. Desde la administración autonómica se ha manifestado un rechazo frontal a la norma, al considerar que se ha diseñado sin consenso con los agentes sociales y que podría vulnerar la negociación colectiva, además de restringir la libertad de empresa.

Autónomos y pymes, los más afectados

Uno de los principales motivos de preocupación es el impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los trabajadores autónomos, quienes disponen de menos recursos para absorber los costos adicionales derivados de la reducción de jornada. Desde la Consejería madrileña han remitido un documento con alegaciones al Ministerio de Trabajo, alertando de la falta de un estudio detallado sobre las consecuencias económicas, burocráticas y organizativas para estos negocios.

Distintos informes externos advierten que, para ajustarse a la nueva normativa, muchos establecimientos podrían verse obligados a contratar personal adicional o, en su defecto, reducir su actividad y, con ello, sus ingresos. En este contexto, existe el temor de que esta reforma incremente la conflictividad laboral y genere inseguridad jurídica en ausencia de un desarrollo reglamentario claro.

Por otro lado, el Gobierno defiende la medida como un avance en la calidad del empleo y el bienestar laboral, alineándose con tendencias de otros países europeos que han reducido la jornada sin afectar la productividad. Sin embargo, en el caso del comercio y la hostelería, caracterizados por horarios amplios y alta rotación, la aplicación de la norma plantea un reto añadido.

Perspectivas futuras

A la espera de su aprobación definitiva y del desarrollo legislativo necesario para su aplicación, la reducción de la jornada laboral sigue generando un intenso debate entre sus promotores y detractores. Mientras que algunos la consideran un paso adelante en la protección de los trabajadores, otros alertan del impacto económico que podría suponer, especialmente para los pequeños negocios.

Los próximos meses serán clave para determinar el alcance real de la reforma y si su implantación logra equilibrar los intereses de trabajadores y empleadores en un contexto económico desafiante.