REDACCIÓN - El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un segundo paquete de medidas económicas para mitigar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, con un impacto fiscal estimado de 1.825 millones de euros durante 2026. Entre las principales novedades destaca la desaparición de la rebaja del IVA de los carburantes a partir del próximo 1 de julio, aunque se mantendrá una reducción temporal del impuesto especial sobre hidrocarburos.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó tras la reunión del Ejecutivo que el apoyo a los consumidores se concentrará ahora en el impuesto especial de hidrocarburos, con un descuento de 15 céntimos por litro durante julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. A partir de octubre, salvo cambios en los mercados energéticos, la fiscalidad volverá a la situación previa.

La medida supone un coste para las arcas públicas de 939 millones de euros y sustituye al sistema vigente desde marzo, que combinaba la rebaja del IVA del 21 % al 10 % con una reducción del impuesto sobre hidrocarburos.

Un mecanismo para actuar si vuelven a subir los precios

El decreto incorpora una cláusula de salvaguarda para responder a nuevas tensiones en los mercados energéticos.

Si el precio de los carburantes registra una inflación interanual superior al 15 %, el descuento fiscal aumentará automáticamente hasta 20 céntimos por litro.

Ese mecanismo también afectará a la electricidad y al gas. Si ambos suministros experimentan incrementos superiores al 15 %, el IVA volvería a reducirse del 21 % al 10 % para la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña. Además, el impuesto especial sobre la electricidad descendería nuevamente del 5,1 % al 0,5 %.

Se mantienen las ayudas para agricultores y transportistas

El Ejecutivo conserva la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo para agricultores y transportistas, a la que suma 165 millones de euros destinados a la compra de fertilizantes.

En total, el sector agrario recibirá un respaldo de 230 millones de euros, mientras que las ayudas extraordinarias para las empresas de transporte por carretera se prorrogarán hasta el 30 de septiembre, tanto para quienes tienen derecho a la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos como para quienes no pueden acogerse a ese sistema.

Más control sobre el precio de las gasolineras

El nuevo paquete también refuerza la vigilancia sobre la evolución de los precios en las estaciones de servicio.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contará con nuevas competencias para detectar y publicar aquellas gasolineras que presenten comportamientos considerados anómalos. Según el Gobierno, el último análisis identificó alrededor de medio centenar de establecimientos con precios fuera de la evolución habitual del mercado.

Medidas estructurales y protección social

Las medidas de carácter coyuntural estarán vigentes hasta el 30 de septiembre, aunque el decreto incorpora reformas de mayor alcance para reducir la dependencia energética del exterior y acelerar proyectos de mejora de la red eléctrica.

Entre ellas figura la eliminación progresiva del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que pasará del 5 % en 2026 al 3,5 % en 2027, hasta desaparecer completamente en 2028. Esta medida tendrá un coste estimado de 2.700 millones de euros.

El denominado "escudo social" también se mantiene. El decreto prohíbe el despido en empresas que reciban ayudas vinculadas al conflicto y conserva los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, además de la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables durante 2026.