REDACCIÓN - El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha adoptado el archivo en un decreto en el que señala que la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en ese proceso de adquisición de mascarillas y en el que destaca que Ayuso «no ha intervenido en el procedimiento» porque el Consejo de Gobierno «no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid».

Archiva por tanto la investigación en lo que se refiere a los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad, si bien no se pronuncia sobre posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, «en escrupuloso respeto» de las competencias de la Fiscalía Europea, que mantiene abiertas sus pesquisas.