Redacción Pozuelo IN — El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha abierto diligencias preliminares para investigar a la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, tras la denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que la acusa de supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por un presunto amaño en contratos de mantenimiento del Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos.

Según consta en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la denuncia se centra en la adjudicación de dos contratos por un importe de 600.000 euros a la empresa Limpiezas Manchegas Becquer, la única que se presentó a la licitación. La fundación sostiene que la compañía adjudicataria arrastra problemas de impagos con la Administración, sanciones en Castilla-La Mancha —donde tiene su sede— y varios litigios pendientes en los órdenes social y civil, así como un expediente de ejecución forzosa.

Pese a la apertura de diligencias, la jueza ha rechazado, por ahora, la personación de la fundación como acusación popular al no cumplir los requisitos procesales exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Desde la organización denunciante, Polonia Castellanos, su presidenta, no ha dudado en acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de pretender “adueñarse del Valle por intereses económicos además de ideológicos”.

Fuentes próximas a Patrimonio Nacional, sin embargo, defienden que Ana de la Cueva no tuvo ninguna intervención directa en el proceso de adjudicación, pues se licitó antes de su llegada al cargo. Explican que la firma se realizó ya con ella como presidenta, pero que la responsabilidad recaía en la gerente del organismo. Además, insisten en que la empresa cumplía los requisitos legales, que el contrato (2021-2023) ya ha expirado y que los controles de la Intervención General del Estado avalaron la adjudicación.

Subrayan, además, que solo un 15 % del contrato se refería a la limpieza del Valle de Cuelgamuros, mientras que el grueso del servicio —un 85 %— estaba destinado al Monasterio de El Escorial.

De momento, la investigación continúa abierta. El foco vuelve a ponerse en la gestión de los bienes patrimoniales del Estado, en un enclave simbólico que cada poco tiempo se convierte en campo de batalla política, judicial e ideológica.