REDACCIÓN - El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por la gestión del operativo policial durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, celebrada el pasado 14 de septiembre en la capital.

La decisión judicial llega tras la denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias y se enmarca, según fuentes jurídicas, en un procedimiento que se encuentra aún en una fase muy inicial. Las diligencias se han incoado de forma genérica por un posible delito de lesiones por imprudencia, sin que por el momento se haya producido imputación formal ni citación judicial.

Un dispositivo marcado por los incidentes

Durante aquella jornada, la etapa final de La Vuelta estuvo acompañada de protestas contra la participación del equipo Israel en la competición, en un contexto de movilizaciones de apoyo a Palestina. En el transcurso de los altercados, 22 agentes de la Policía resultaron heridos leves, mientras que se identificó a un total de 97 personas.

De ellas, según fuentes policiales, cuatro contaban con antecedentes por desórdenes públicos en Madrid y otras siete por delitos comunes. Los incidentes provocaron una fuerte polémica política e institucional en los días posteriores, especialmente por el desarrollo del dispositivo de seguridad y sus consecuencias.

Reacciones desde la Comunidad de Madrid

Desde el Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que el delegado del Gobierno deberá dar explicaciones ante la justicia por lo que considera una “dejación de funciones” durante el desarrollo del evento.

En declaraciones públicas, García Martín ha defendido que los ciudadanos merecen una explicación clara sobre lo ocurrido:

“Si no se han dado explicaciones en el ámbito político, quizá ahora tengan que darse en sede judicial”, afirmó.

Investigación en fase inicial

Las fuentes consultadas subrayan que el procedimiento se encuentra en un estado embrionario, una fase habitual en diligencias previas de este tipo, en la que el juzgado analiza los hechos denunciados antes de decidir posibles actuaciones posteriores.

Mientras tanto, el caso vuelve a situar en el foco el debate sobre la seguridad en grandes eventos celebrados en Madrid, una cuestión que afecta directamente a miles de vecinos del área metropolitana, incluidos los municipios del entorno oeste y noroeste, habituales escenarios de eventos multitudinarios, deportivos y culturales.

Por ahora, la investigación sigue su curso con prudencia judicial y sin conclusiones anticipadas, a la espera de que se esclarezcan las responsabilidades que pudieran derivarse del operativo desplegado aquel día.