La Puerta del Sol ha vuelto a llenarse de tiendas de campaña.

Centenares de personas han pasado la madrugada del domingo en el centro de Madrid después de la manifestación convocada por la crisis de la vivienda y por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que tuvo que abandonar la casa de alquiler en la que había vivido durante siete décadas.

La protesta no pretende terminar este domingo.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha anunciado que mantendrá la presión ante la reunión del Consejo de Ministros prevista para el martes. Entre sus reivindicaciones figura que los contratos de alquiler tengan renovación automática salvo que el propietario pueda acreditar determinadas causas para recuperar la vivienda.

El mensaje lanzado desde Sol es contundente: los convocantes sostienen que el actual mercado del alquiler expulsa a numerosos ciudadanos de sus barrios y reclaman una intervención mucho más intensa de las administraciones.

Pero la imagen de las tiendas instaladas en pleno centro de Madrid plantea también el reverso del debate.

Quienes pagan todos los meses

A la misma hora que unos ciudadanos protestan en Sol, millones de españoles continúan afrontando cada mes el pago de su alquiler o de su hipoteca.

Trabajan, destinan una parte relevante de sus ingresos a la vivienda, reducen otros gastos cuando las cuentas no salen y, en muchos casos, se desplazan lejos del centro de las grandes ciudades porque no pueden permitirse vivir donde desearían.

Ese ciudadano también forma parte de la crisis de la vivienda.

Y existe un tercer protagonista que a menudo desaparece de la discusión: el pequeño propietario que adquirió una segunda vivienda con sus ahorros, la heredó de sus padres o depende de su alquiler para complementar sus ingresos.

No todos los inquilinos están en situación de vulnerabilidad. Tampoco todos los propietarios son grandes fondos de inversión.

La política de vivienda debe desenvolverse precisamente dentro de esa realidad mucho más compleja.

Qué reclaman realmente los acampados

Los manifestantes no están reclamando literalmente que el Estado les pague el alquiler.

Conviene dejarlo claro.

El Sindicato de Inquilinas reclama medidas sobre la duración y renovación de los contratos, actuaciones contra los alquileres turísticos y de temporada y mayores garantías frente a los desahucios sin alternativa habitacional.

La cuestión política aparece al preguntarse cómo se financian esas garantías y sobre quién recaen sus costes.

Cuando una administración concede ayudas directas, construye vivienda pública, subvenciona alquileres o compensa determinadas situaciones de vulnerabilidad, los recursos proceden finalmente de los presupuestos públicos.

Es decir, de los impuestos y demás ingresos del Estado.

Cuando, en cambio, la legislación obliga al propietario a asumir determinadas condiciones económicas o contractuales, el coste deja de recaer directamente sobre el presupuesto público y se traslada total o parcialmente al propietario.

Ahí está uno de los grandes debates que la acampada vuelve a colocar sobre la mesa.

El Gobierno prepara una respuesta

La presión de la calle ya ha alcanzado al Gobierno.

Pedro Sánchez ha asegurado este domingo que el Ejecutivo trabaja para llevar al Consejo de Ministros del martes un real decreto sobre vivienda destinado, según sus palabras, a aliviar la situación de emergencia habitacional.

La presión procede también del interior de la coalición.

Sumar ha advertido de que no acudirá al Consejo de Ministros si la reunión no incluye medidas que considere efectivas contra la crisis de la vivienda.

Los acampados esperan ahora conocer el contenido del decreto antes de decidir sus siguientes movimientos.

Del caso Maricarmen a un problema mucho mayor

Todo comenzó con un caso concreto.

El desahucio de Maricarmen desencadenó una movilización que terminó convirtiéndose en una protesta general contra el funcionamiento del mercado de la vivienda.

El sábado, la manifestación recorrió el centro de Madrid desde Sol hasta Cibeles y el entorno del Congreso.

Las diferencias sobre su dimensión son enormes: la Delegación del Gobierno contabilizó 25.000 asistentes, mientras los organizadores elevaron la participación por encima de las 300.000 personas.

Después llegaron las tiendas de campaña.

Y con ellas, una imagen que inevitablemente recuerda a otras protestas vividas en Sol, aunque los actuales convocantes plantean reivindicaciones específicamente vinculadas a la vivienda.

¿Derecho a una vivienda o derecho a que otros la financien?

La Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.

Eso no resuelve, por sí solo, la pregunta económica.

Construir vivienda pública cuesta dinero. Las ayudas al alquiler cuestan dinero. Las bonificaciones fiscales reducen ingresos públicos. Y las restricciones impuestas a los propietarios pueden modificar la oferta, los precios y las decisiones de inversión.

No existe una política de vivienda sin costes.

El verdadero debate está en quién debe asumirlos, en qué proporción y mediante qué mecanismo.

Para unos, el mercado ha demostrado que no puede garantizar por sí solo un acceso razonable a la vivienda en las grandes ciudades y el Estado debe intervenir con mucha mayor intensidad.

Para otros, cargar cada vez más obligaciones sobre propietarios y contribuyentes puede reducir la oferta disponible y trasladar el problema en lugar de solucionarlo.

Entre ambas posiciones están millones de ciudadanos que probablemente no aparecerán estos días en ninguna pancarta.

La otra fotografía de la crisis

Es la familia que dedica una parte creciente de dos salarios a la hipoteca.

El joven que comparte piso porque no puede alquilar uno solo.

El matrimonio que se ha marchado del centro de Madrid porque comprar allí resulta imposible.

El propietario que depende de una renta mensual.

Y también quien ha perdido su vivienda o dedica una proporción insostenible de sus ingresos al alquiler.

Todos forman parte de la misma crisis.

Por eso, reducir la discusión a propietarios contra inquilinos o trabajadores contra manifestantes sirve para construir consignas, pero explica mal un problema que lleva años creciendo.

La acampada de Sol tiene ahora un objetivo inmediato: el Consejo de Ministros del martes.

El resto de ciudadanos tendrá otro más duradero: comprobar quién financia las soluciones que finalmente se aprueben y, sobre todo, si consiguen que haya más vivienda disponible a precios que las familias puedan pagar.

Porque después de las pancartas, los decretos y las tiendas de campaña llega inevitablemente el mismo momento para millones de hogares: el día en que toca pagar la vivienda.