Redacción Pozuelo IN - Un juzgado ha condenado a siete años de cárcel a una profesora y a una auxiliar técnica de educación por insultar y humillar a siete alumnos con discapacidad intelectual en un colegio concertado de Educación Especial del municipio. La sentencia, firme, retrata unos meses de 2019 que han dejado cicatrices profundas en la infancia de estos pequeños.

Los menores, de entre 7 y 12 años, todos con síndrome de Down en diferente grado, escucharon frases imposibles de olvidar. “Estás bobo, estás atontado tío”; “me dan ganas de matarte”; “que me importa un pito que llores, un pito y medio”; “te voy a amargar la vida”. Palabras lanzadas con rabia y desprecio, dirigidas a quienes menos podían defenderse. La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Madrid lo deja claro: las acusadas actuaron con “tono despectivo” y “amenazante”, conscientes de la vulnerabilidad de sus víctimas.

El caso salió a la luz gracias a la desconfianza de unos padres. Sospechaban que algo no iba bien y escondieron una grabadora dentro de un peluche. Aquellos audios, casi insoportables de escuchar, sirvieron como prueba clave. Las defensas intentaron tumbarlas, pero la jueza sentenció que los padres tenían pleno derecho a grabar lo que sucedía alrededor de sus hijos. No había otra forma de saber la verdad.

Los efectos de este maltrato no quedaron solo en los insultos. La sentencia recoge el deterioro de la capacidad intelectual de los niños, la ansiedad, el rechazo a la escuela. Uno de ellos perdió habilidades de lectura y escritura y cerró la puerta al diálogo. El daño no se borra con un perdón.

Además de la prisión, la condena inhabilita a la profesora y a la auxiliar para trabajar con menores o personas con discapacidad intelectual durante siete años y les prohíbe acercarse a sus víctimas a menos de 500 metros durante dos años. Deberán indemnizar a tres de los menores con 5.000 euros cada uno. La Fundación Gil Gayarre, responsable subsidiaria, afronta ahora el pago de esas cantidades. El tribunal recuerda que disponer de protocolos de prevención no exime de la vigilancia y la obligación de proteger.

Este caso sacude a Pozuelo. Recordatorio amargo de que el silencio es la mejor máscara para la crueldad. Y de que la dignidad de cada niño depende de que alguien se atreva a preguntar, a mirar, a grabar un audio dentro de un peluche. Porque algunas verdades necesitan ser escuchadas, por muy duras que resulten.