Redacción Pozuelo IN – La investigación judicial sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz entra en una nueva fase. La magistrada que instruye el caso ha señalado por primera vez en un auto que el procedimiento se centra en posibles delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes, una decisión que abre la puerta a eventuales responsabilidades penales por el accidente que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos.

El pronunciamiento judicial supone uno de los movimientos más relevantes desde el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el término municipal cordobés de Adamuz.

Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la complejidad de las diligencias obliga a ampliar los plazos de investigación, que previsiblemente se prolongarán durante todo 2026 y podrían extenderse hasta 2027.

Miembros del cuerpo de investigación de la Guardia Civil trabajando sobre el terreno.

La vía penal gana peso

La referencia expresa a los delitos de homicidio y lesiones imprudentes refuerza el alcance jurídico de una causa que, durante meses, ha estado marcada por informes técnicos, inspecciones periciales y análisis de infraestructura.

No obstante, las mismas fuentes judiciales recuerdan que la tipificación de los hechos puede modificarse a medida que avance la instrucción y se incorporen nuevas pruebas.

Aunque el último auto ha generado especial atención, desde el ámbito judicial precisan que la investigación siempre ha girado en torno a la posible existencia de responsabilidades por las muertes y lesiones provocadas por el accidente.

De hecho, resoluciones anteriores ya habían hecho referencia a estas figuras penales, especialmente en los autos relacionados con la admisión de acusaciones populares.

Una investigación cada vez más compleja

La decisión llega en un momento especialmente delicado para el caso. Durante las últimas semanas, los investigadores han incorporado nuevos elementos que han aumentado la complejidad del procedimiento.

Entre ellos destacan los informes de la Guardia Civil, que sitúan la rotura de la vía aproximadamente 22 horas antes del descarrilamiento, así como las conclusiones preliminares que apuntan a una fractura en el carril o en la soldadura como origen más probable del siniestro.

A ello se suman las investigaciones abiertas por la Fiscalía Europea sobre el uso de fondos comunitarios destinados al mantenimiento de la infraestructura y las distintas acciones judiciales emprendidas por asociaciones de víctimas.

Concentración de los familiares de las víctimas frente al Congreso de los diputados con la representación simbólica de una silla vacía por cada uno de los difuntos.

Las familias mantienen la presión

La evolución de la causa se produce apenas dos meses después de que las víctimas se concentraran frente al Congreso de los Diputados reclamando "memoria, verdad y justicia".

Las asociaciones de afectados llevan meses exigiendo explicaciones, responsabilidades y medidas que garanticen que una tragedia similar no vuelva a repetirse.

Su presión pública ha ido creciendo conforme avanzaban las investigaciones y se conocían nuevos detalles sobre el estado de la infraestructura y los sistemas de detección existentes en la línea.

El horizonte judicial se aleja

La instrucción afronta ahora una etapa especialmente técnica. Quedan pendientes informes periciales, análisis metalúrgicos, estudios sobre los sistemas de señalización y la valoración de miles de documentos relacionados con el mantenimiento de la línea.

Fuentes jurídicas reconocen que la magnitud del procedimiento hace inevitable una investigación larga.

Cinco meses después del accidente, el caso Adamuz continúa ampliándose. Y aunque la jueza comienza a perfilar el posible encaje penal de los hechos, las respuestas definitivas sobre quién falló, por qué falló y quién deberá asumir responsabilidades todavía parecen lejanas.