Redacción Pozuelo IN - La presión judicial se suma a la tormenta política tras la tragedia ferroviaria. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas y ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si procede investigar al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su presunta responsabilidad en el accidente de Adamuz (Córdoba), que causó 45 fallecidos.

La decisión parte del Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular, el magistrado Antonio Piña, ha actuado tras recibir una denuncia por homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación, presentada por la asociación Libertad y Justicia.

El juez ha dado traslado de la denuncia al Ministerio Público para que se pronuncie, en primer lugar, sobre la competencia de la Audiencia Nacional y, en segundo término, sobre si considera pertinente abrir una causa penal y qué diligencias deberían practicarse.

El movimiento judicial llega en un momento especialmente delicado, con la investigación técnica aún abierta y el debate político en plena escalada tras días de acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición.

Uno de los elementos clave es el aforamiento del ministro. Puente, por su condición de miembro del Ejecutivo, solo podría ser investigado por el Tribunal Supremo, lo que hace que fuentes jurídicas consultadas vean difícil que el procedimiento prospere en la Audiencia Nacional.

Aun así, la apertura de diligencias previas supone un nuevo frente para el Ministerio de Transportes, que en los últimos días ha tenido que defender su gestión tanto en el plano político como en el técnico.

La denuncia de Libertad y Justicia se suma a un escenario judicial ya complejo. Un juzgado de Montoro (Córdoba) se ha hecho cargo de la investigación principal del accidente, con un refuerzo específico y la participación de tres fiscales, además de múltiples denuncias de afectados y solicitudes de personación de partidos y entidades sociales.

En paralelo, el foco técnico sigue puesto en la soldadura entre dos carriles de diferente antigüedad, uno de 1989 y otro de 2023. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha señalado la rotura de esa soldadura como la causa más probable del descarrilamiento.

A esta línea de investigación se ha añadido en las últimas horas un nuevo elemento: Adif ha reconocido una errata en los pliegos del contrato de renovación del tramo Adamuz–Córdoba, donde se especificó lo contrario a lo que marca la normativa interna sobre qué tipo de acero debía prevalecer en la soldadura entre carriles antiguos y nuevos.

El gestor ferroviario sostiene, no obstante, que pese al error en la redacción, la soldadura se ejecutó correctamente, un extremo que ahora deberá ser verificado por la investigación técnica y, eventualmente, judicial.

Mientras tanto, las víctimas del accidente estudian acciones legales conjuntas y el caso continúa ampliándose en los tribunales, con implicaciones que ya superan el ámbito técnico y alcanzan de lleno al núcleo del Gobierno.

La Fiscalía tiene ahora la palabra. Y su informe marcará el siguiente paso en una causa que, lejos de cerrarse, sigue creciendo en alcance y consecuencias.