REDACCIÓN - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este jueves el impulso de una ley de amnistía general para los presos políticos, una medida que llega en pleno proceso de excarcelaciones tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y que, según las ONG, ya ha permitido la liberación de más de 700 personas.

El anuncio se ha producido durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia y ha sido difundido por la televisión estatal. Rodríguez ha explicado que la iniciativa abarcará todo el periodo de confrontación política desde 1999 hasta la actualidad, con el objetivo de cerrar una etapa marcada por la violencia política, el extremismo y la fractura social.

“Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política (…) para reparar las heridas que ha dejado la confrontación”, ha afirmado la mandataria, quien ha encargado a la Comisión de la Revolución para la Justicia que presente el texto con carácter de urgencia ante la Asamblea Nacional.

Una amnistía con límites

La futura norma, según ha detallado Rodríguez, excluirá delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones severas de derechos humanos. No se trata, ha insistido, de una “barra libre”, sino de una herramienta jurídica para reencauzar la convivencia democrática y reconstruir la confianza en el sistema judicial.

En un tono solemne, la presidenta encargada ha apelado directamente a quienes salgan en libertad: ha pedido que este proceso no derive en “venganza, revancha u odio”, sino en una oportunidad para convivir desde la pluralidad política y el respeto a la ley. Palabras medidas, cargadas de intención, en un país exhausto tras años de conflicto y desconfianza.

Consulta nacional para un nuevo sistema de justicia

El anuncio de la amnistía viene acompañado de otro movimiento de calado: la convocatoria de una “gran consulta nacional” para avanzar hacia un nuevo modelo de justicia. Rodríguez ha solicitado la implicación de todas las instituciones del Estado en un proceso que coordinará la Comisión de la Revolución por la Justicia, liderada por el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

La idea, según ha explicado, es abrir un debate amplio que permita redefinir las bases del sistema judicial venezolano, una de las principales demandas tanto de la oposición como de organismos internacionales.

El Helicoide: de símbolo del miedo a espacio social

En uno de los anuncios más simbólicos de la jornada, Delcy Rodríguez ha confirmado el cierre del centro de detención de El Helicoide, ubicado en Caracas y gestionado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El complejo será reconvertido en un centro cultural, deportivo y social, abierto tanto a la familia policial como a las comunidades cercanas.

El Helicoide ha sido señalado durante años por la oposición y por organizaciones de derechos humanos como un lugar de detención y tortura de disidentes políticos, por lo que su transformación tiene una fuerte carga simbólica. “Queremos que deje de ser un espacio asociado al dolor y pase a ser un lugar de encuentro”, ha defendido la presidenta encargada.

Foro Penal celebra el anuncio, pero mantiene la cautela

La ONG Foro Penal ha acogido positivamente el anuncio. Su director, Gonzalo Himiob, ha subrayado que la amnistía supone jurídicamente el “olvido” de determinados hechos y la renuncia del Estado a perseguirlos, una figura distinta al indulto, que solo perdona la pena.

“La amnistía puede aplicarse incluso a procesos judiciales en curso”, ha recordado Himiob, marcando una diferencia clave que podría beneficiar a cientos de personas aún inmersas en causas abiertas.

No obstante, Foro Penal ha advertido de que, pese a las más de 700 excarcelaciones recientes, todavía hay más de 11.000 personas con restricciones arbitrarias de libertad, una cifra que mantiene la presión sobre las autoridades.

Un punto de inflexión

La ley de amnistía y la reconversión de El Helicoide dibujan un escenario inédito en la Venezuela reciente. Para muchos, es un primer gesto hacia la normalización política; para otros, un movimiento que deberá medirse en hechos y no solo en anuncios.

Entre la esperanza contenida y la cautela lógica, el país asiste a un momento delicado. Uno de esos instantes en los que el rumbo puede empezar a cambiar… o volver a quedar suspendido en promesas.