REDACCIÓN - El Consejo de Ministros ha aprobado este 3 de febrero un nuevo decreto que devuelve los descuentos en la factura de la luz tras el rechazo del anterior “decreto ómnibus”. La medida deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo de 30 días.

El Ejecutivo ha reactivado los descuentos del 42,5% y 57,5% en el bono social eléctrico, que habían quedado en suspenso a finales de enero al no prosperar en el Congreso el Real Decreto-ley que los prorrogaba para 2026.

La decisión llega después de que varios grupos parlamentarios rechazaran el denominado “decreto ómnibus”, que incluía en un mismo texto medidas como la revalorización de las pensiones, disposiciones antidesahucios y la extensión del bono social.

El Gobierno “trocea” el decreto para salvar las ayudas

Ante ese bloqueo, el Ejecutivo ha optado por dividir el paquete en dos normas diferenciadas.

Por un lado, un decreto específico para la subida de las pensiones. Por otro, un texto independiente que recoge el resto de medidas sociales, entre ellas la continuidad del bono social eléctrico con los mismos porcentajes aplicados en 2025.

Con la aprobación de este nuevo decreto, los descuentos vuelven a estar en vigor desde este 3 de febrero.

No obstante, la norma deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo máximo de un mes para mantenerse activa.

Qué suponen los descuentos

El bono social permite a los consumidores vulnerables acceder a reducciones en su factura de la luz.

Los porcentajes reactivados son:

• 42,5% de descuento para consumidores vulnerables.
• 57,5% para consumidores vulnerables severos.

Estos niveles de ayuda se habían prorrogado para todo 2026, pero quedaron anulados temporalmente tras el fracaso parlamentario del decreto inicial.

Pendiente del Congreso

Fuentes parlamentarias dan por probable la convalidación esta vez, al haberse separado las medidas más controvertidas del resto del paquete social.

Sin embargo, hasta que no se produzca la votación en la Cámara Baja, la continuidad definitiva de los descuentos sigue condicionada al respaldo parlamentario.

Para miles de hogares, la decisión final marcará la estabilidad de su factura eléctrica en un año que continúa marcado por la incertidumbre energética.