REDACCIÓN - El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid y ha decidido levantar la suspensión impuesta por el Ejecutivo central al artículo 4 de la Ley autonómica 8/2024, que regula la protección de la Real Casa de Correos, actual sede del Gobierno regional. Esta decisión, adoptada por unanimidad del Pleno y con ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano, supone un respaldo directo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que había planteado un conflicto de competencias contra el intento del Gobierno central de declarar el edificio como lugar de memoria democrática.

La norma en cuestión establece que cualquier actuación en la fachada o el uso institucional del edificio deberá contar con autorización de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Pedro Sánchez había recurrido al considerar que esta disposición vulneraba la Ley de Memoria Democrática al obstaculizar la declaración del inmueble como espacio conmemorativo, por su papel como sede de la extinta Dirección General de Seguridad franquista.

Sin embargo, el alto tribunal ha considerado que los perjuicios alegados por el Gobierno carecen del “grado de certeza” necesario para mantener la suspensión, dado que el procedimiento de declaración aún no ha sido resuelto. En este sentido, el auto señala que "la posible instalación de placas o distintivos, así como la celebración de eventos, no pasa de ser un suceso futuro e incierto".

Un conflicto político y jurídico

El origen del litigio se remonta a octubre de 2024, cuando el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática inició el procedimiento para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. En respuesta, la Comunidad de Madrid aprobó una ley que exigía autorización regional para cualquier actuación sobre el edificio. Esta medida fue interpretada por el Gobierno central como una intromisión en sus competencias.

La cuestión derivó en un recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno y la posterior suspensión cautelar del artículo impugnado. Sin embargo, tanto el Ejecutivo madrileño como la Asamblea de Madrid solicitaron el levantamiento de esa suspensión, petición que finalmente ha sido aceptada por el Constitucional.

El tribunal ha recordado que el mantenimiento de una medida cautelar de este tipo debe ser excepcional y que, en este caso, no se ha acreditado un daño real e inmediato derivado de la norma autonómica.

Ayuso celebra la resolución

Tras conocerse el fallo, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha valorado positivamente la decisión y ha reiterado su intención de "proteger las instituciones madrileñas frente al uso partidista de la memoria histórica". La dirigente popular sostiene que el intento de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria responde a “una operación política del sanchismo” y ha asegurado que su Gobierno seguirá “defendiendo la libertad y la neutralidad institucional”.

Con esta resolución, la Comunidad de Madrid recupera la plena vigencia de su ley sobre el uso de la Real Casa de Correos, mientras el procedimiento estatal de declaración como lugar de memoria democrática continúa sin resolución definitiva.