REDACCIÓN — La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este martes que llevará a los tribunales el acuerdo entre el PSOE y Junts sobre la distribución de menores migrantes no acompañados, que prevé derivar "entre 20 y 30" a Cataluña y "más de 700" a la región madrileña. El anuncio, difundido a través de sus redes sociales, ha reavivado el debate sobre la gestión migratoria en municipios como Pozuelo, donde se ubica uno de los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) de la Comunidad.

Ayuso calificó el pacto como "lamentable" y denunció que "se usa a estos menores como arma política", argumentando que el Gobierno central "fomenta la inmigración irregular masiva". Además, señaló que recurrirá el acuerdo ante la Unión Europea, al considerar que la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez "perjudica a España, a Europa y a los propios inmigrantes, expuestos a mafias".

El consejero de Presidencia de Madrid, Miguel Ángel García Martín, respaldó la postura de Ayuso, subrayando que las competencias en migración "son exclusivas del Estado" y rechazando su transferencia a comunidades autónomas. "No aceptamos que se fragmenten responsabilidades en un asunto de esta envergadura", afirmó.

La polémica adquiere relevancia local debido a la presencia del CAR en Pozuelo de Alarcón, uno de los principales centros de acogida para refugiados y solicitantes de asilo en la región. Aunque el acuerdo no menciona directamente este recurso, organizaciones sociales han alertado sobre la saturación que podrían enfrentar estas instalaciones si se materializa el reparto anunciado. Actualmente, el CAR pozuelero ya gestiona una carga significativa de casos, con recursos limitados para cubrir necesidades básicas y de integración.