La Seguridad Social ha detectado que la Comunidad de Madrid retuvo a una media de 3.700 funcionarios un importe menor del legal que se destina a la cotización de los trabajadores por accidente de trabajo y enfermedad profesional entre 2013 y 2017.

Esto ha generado una deuda de 5.625.513 euros con el Estado por la cantidad que no se pagó más el 20 por ciento de recargo, según publica hoy El País.
La Consejería de Economía no está de acuerdo con la Inspección de Trabajo y presentará alegaciones al acta de liquidación de la Seguridad Social que es "provisional", han indicado fuentes de este Departamento.

En el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 30 de junio de 2017, la Comunidad de Madrid aplicó el 1 por ciento de retención en la nómina de alrededor de 3.700 funcionarios que trabajan en direcciones generales de diferentes consejerías del Gobierno regional.

De esta cantidad, el 0,65 por ciento se destinaba para la incapacidad laboral y el 0,35 por ciento para invalidez, muerte y supervivencia, en el caso de que se produjeran accidentes de trabajo o enfermedades de tipo profesional.

Para la Inspección de Trabajo, esta retención debe ser mayor, del 1,65 por ciento, por lo que le pide al Ejecutivo regional ese importe con un 20 por ciento de recargo.

El Gobierno autonómico cuenta con quince días hábiles a contar desde la recepción de la notificación para interponer alegaciones.

El problema se ha derivado de la existencia de dos epígrafes para la cotización de estos conceptos.
La Comunidad de Madrid inscribió a los 3.700 funcionarios públicos afectados en el epígrafe de las personas que ejercen un trabajo de oficina, en vez de hacerlo en el de Administración pública.