La Real Academia Española emitió ayer un comunicado en el que expresaba su preocupación por la llamada Ley Celaá.

Este comunicado, titulado Comunicado de la Real Academia Española sobre la educación en español en las comunidades autónomas bilingües, dice:

— La RAE sigue atentamente la deliberación que está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados y continuará en el Senado sobre la nueva Ley Orgánica de Educación, y, en especial, los pormenores que conciernen al uso de la lengua española en los diversos niveles de enseñanza.

— La RAE confía en que el legislador no se desviará de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar. La RAE carece de competencias para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad, y su preocupación principal es que el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna y accedan a través de ella a la ciencia, a la cultura, o, en general, a los múltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa.

— Formamos parte de una comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas con capacidad para utilizar el español y más de 485 millones que lo tienen como lengua materna. Esta circunstancia convierte al español en un bien de valor incalculable, que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza, y obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento y libre utilización. En todo el universo hispanohablante se sigue con particular atención el trabajo que impulsa y lleva a cabo la Real Academia Española, con sus academias hermanas de todo el mundo, a favor de la unidad del español, de su cuidado y de su fortaleza.

— Dada la importancia que tiene para nuestra nación el español como lengua oficial, y los deberes de protección que la Constitución impone, la Real Academia Española, sin perjuicio del análisis crítico final que en su caso proceda, se pone a disposición del Gobierno y del legislador para prestar el asesoramiento que se considere necesario.