Redacción Pozuelo IN - Giro en el pulso entre administraciones por la gestión migratoria en Pozuelo de Alarcón. El Ayuntamiento ha ordenado el cese inmediato de la actividad del centro de acogida estatal ubicado en el Paseo de la Casa de Campo, tras constatar que el complejo no dispone de la licencia preceptiva para su uso residencial.

La decisión, comunicada este miércoles tanto a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), titular del inmueble, como a la entidad gestora del centro, llega tras una inspección técnica municipal que ha concluido que la instalación opera fuera de los usos permitidos por la normativa urbanística.

Sin permiso para el uso residencial

Según la documentación municipal, el centro dispone de una licencia del año 2013 vinculada al uso como centro de formación para empleados públicos, pero no cuenta con la habilitación necesaria para desarrollar actividad residencial, como la que actualmente se lleva a cabo con la acogida de refugiados, en su mayoría ucranianos, y solicitantes de asilo derivados desde Canarias.

El Ayuntamiento detalla que el uso urbanístico de la parcela es terciario y comercial, lo que excluye expresamente el alojamiento estable de personas. Aunque una parte del complejo tiene licencia de “hotel”, este título no permite albergar un dispositivo permanente de acogida humanitaria, aseguran desde el Consistorio.

En el punto de mira por los planes de acoger a 400 menores migrantes

Este centro estatal, bautizado oficialmente como CREADE (Centro de Recepción, Atención y Derivación), ha vuelto en las últimas semanas al foco mediático tras conocerse los planes del Gobierno central de acoger en sus instalaciones a 400 menores migrantes no acompañados, como parte del plan nacional de descongestión de los recursos en Canarias.

La alcaldesa, Paloma Tejero, ya había mostrado en varias ocasiones su oposición frontal a esta medida, señalando que el recurso “no reúne las condiciones necesarias ni cuenta con garantías para una acogida adecuada”. Con la notificación de cierre, el Ejecutivo local eleva el tono del conflicto institucional.

Cese cautelar y 15 días para alegar

La orden municipal no solo declara que la actividad actual carece de licencia, sino que impone el cese cautelar inmediato, con independencia de los trámites posteriores. Tanto la TGSS como la gestora del recurso tienen 15 días para presentar alegaciones, pero desde el Ayuntamiento subrayan que el cierre es de efecto inmediato en términos administrativos.

Sin embargo, fuentes municipales reconocen que el cumplimiento efectivo de la orden depende ahora del Gobierno central, que tendrá que decidir si acata el requerimiento o plantea una defensa jurídica del uso actual del complejo.

Un recurso con historia controvertida

El centro, cuya construcción comenzó en 2001 con un presupuesto público de 86 millones de euros, fue concebido inicialmente como un espacio formativo para funcionarios. No abrió sus puertas hasta 2013, y en menos de seis años ya había cesado su actividad, quedando en desuso.

Durante la guerra de Ucrania fue reactivado para acoger a refugiados y más recientemente ha comenzado a recibir migrantes procedentes de Canarias. Ahora, su estatus legal queda en entredicho.

Escenario abierto

La decisión del Ayuntamiento marca un nuevo punto de fricción entre el Gobierno local y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en un contexto ya tenso por la falta de coordinación interadministrativa sobre los traslados de menores y la saturación del sistema de acogida.

El futuro del centro está ahora en el aire. Pero el mensaje desde Pozuelo ha sido claro: sin licencia adecuada, no puede seguir funcionando. La pelota queda, por tanto, en el tejado del Gobierno central. Y la incógnita sigue abierta: ¿qué pasará con los planes de traslado de menores a Pozuelo?