Redacción Pozuelo IN — El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha criticado duramente al PSOE local por anunciar la atención a inmigrantes en proceso de regularización en dependencias municipales, una iniciativa que el Consistorio considera “no autorizada” y potencialmente irregular.

Fuentes municipales advierten de que podrían adoptar medidas si no se corrige la situación de forma inmediata.

El Gobierno local marca límites: “No está permitido”

Desde el equipo de Gobierno subrayan que este tipo de asesoramiento solo puede ser prestado por servicios sociales municipales o entidades autorizadas por el Ejecutivo central.

“No un partido político y menos utilizando instalaciones municipales para dar apariencia de oficialidad”, señalan las mismas fuentes.

El Consistorio sostiene que permitir este uso supondría un “abuso” de los espacios públicos y podría generar confusión entre los ciudadanos.

Advertencia directa al PSOE

El Ayuntamiento confirma que ya se ha puesto en contacto con el grupo municipal socialista para exigir la retirada del anuncio.

Además, advierte de que, si no se rectifica, se adoptarán “las medidas necesarias” para impedir que se utilicen dependencias municipales con este fin.

Las mismas fuentes califican la iniciativa como “una irresponsabilidad” que contribuye a “añadir más caos” al proceso de regularización impulsado por el Gobierno central.

Un nuevo frente político en Pozuelo

Este episodio abre un nuevo foco de tensión política en el municipio, que en las últimas semanas ya ha vivido enfrentamientos entre Gobierno y oposición en asuntos como la movilidad —con la llegada de Bicimad— o el debate urbanístico en torno al recinto ferial.

Desde el Ejecutivo local acusan al PSOE de “buscar titulares y confrontación”, mientras le instan a centrarse “en el interés de los vecinos”.

Contexto regional y reacción en cadena

La polémica no es aislada. El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes está generando reacciones en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, con posiciones enfrentadas sobre su gestión y aplicación.

En este contexto, Pozuelo fija una línea clara: el uso de recursos públicos, insiste el Gobierno local, debe ajustarse estrictamente a la legalidad y a los canales oficiales.

El conflicto queda ahora a la espera de una posible rectificación por parte del grupo socialista o de una intervención formal del Ayuntamiento.