Redacción Pozuelo IN - En una sesión extraordinaria celebrada este miércoles, el Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal que regula la tasa por el servicio de recogida y tratamiento de residuos. La medida, que busca suavizar el impacto económico de esta obligación impuesta por la Ley estatal 7/2022 de residuos, ha contado con el respaldo del Grupo Municipal Popular y el rechazo de VOX, PSOE y Somos Pozuelo.

El texto aprobado incorpora importantes bonificaciones y nuevas reducciones que entrarán en vigor a partir de 2026. Las familias numerosas serán una de las grandes beneficiadas: las de régimen general podrán descontarse un 20% en la cuota, mientras que las de régimen especial llegarán al 50%. Los jubilados también verán aligerada su carga con una reducción del 30%.

“Con esta iniciativa venimos a cumplir el compromiso de hacer todos los cambios necesarios para que la tasa sea lo menos gravosa posible para nuestros vecinos”, defendió la segunda teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Lucía Molares, quien definió la propuesta como “equilibrada, creativa y legal”.

Más descuentos y pago fraccionado

La nueva ordenanza contempla, además, cuatro tramos nuevos que permitirán aplicar una cuota más progresiva en función de los metros del inmueble y su uso, lo que beneficiará a muchas viviendas residenciales. También se establecen descuentos del 95% para entidades sin ánimo de lucro o personas vulnerables, y se crea un epígrafe específico para colegios, que podrán acceder a tarifas reducidas.

Quienes realicen al menos cinco aportaciones anuales a los Puntos Limpios del municipio también verán reducido un 5% el importe de la tasa. Y se mantienen las bonificaciones al compostaje, con un 10% para sistemas domésticos o comunitarios, que asciende al 20% cuando el compostaje se realiza en inmuebles con actividad educativa.

Otra de las novedades destacadas es la posibilidad de fraccionar el pago del recibo con una bonificación del 5% a partir de enero de 2026, lo que busca facilitar la planificación financiera de las familias y empresas del municipio.

Una tasa impuesta desde el Gobierno central

La ley estatal de residuos obliga a los ayuntamientos a trasladar el coste real del servicio de basuras a los ciudadanos. En el caso de Pozuelo, este gasto asciende a cerca de 10 millones de euros anuales. Desde el inicio, el Ayuntamiento ha mostrado su rechazo a esta normativa, calificándola de injusta. Sin embargo, tras verse obligado a implementarla, se ha centrado en minimizar su impacto con ajustes técnicos y jurídicos.

La alcaldesa Paloma Tejero ya avanzó estas medidas durante su intervención en el último Debate sobre el Estado del Municipio, donde se comprometió a “seguir bajando impuestos sin renunciar a unos servicios públicos de calidad”.

Con esta modificación, Pozuelo busca encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y el alivio fiscal, ofreciendo a sus vecinos un marco más justo en la aplicación de una tasa que continúa generando debate. El texto deberá ahora pasar el periodo de exposición pública y alegaciones antes de su aprobación definitiva.