Redacción Pozuelo IN — Según informa INFOBAE, el Ayuntamiento de Pozuelo ha sancionado con casi 300.000 euros a la promotora Balboa Properties, ligada a la saga empresarial Fernández-Fermoselle, por envenenar diez pinos de unos 50 años de antigüedad —siete de ellos catalogados como protegidos— en una parcela de La Finca, una de las urbanizaciones más lujosas y blindadas de la Comunidad de Madrid.

El caso, que comenzó con la denuncia de un vecino —el exgolfista Ignacio Garrido— en julio de 2024, ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la efectividad de las sanciones para frenar la destrucción del patrimonio natural urbano en Pozuelo.

Tras la denuncia, los técnicos municipales confirmaron la presencia de herbicidas e insecticidas en los árboles. La investigación fue remitida a la Fiscalía de Medio Ambiente, pero esta archivó el caso al descartar indicios de delito penal, por lo que el Ayuntamiento pudo reactivar el expediente sancionador por vía administrativa.

Finalmente, Balboa Properties, que pertenece al entramado de Naropa Capital, aceptó pagar la multa —256.000 euros por la infracción y otros 146.393 euros de indemnización por daños— beneficiándose del descuento del 40% por pronto pago, lo que dejó la cuantía final en 299.993 euros.

Sanciones que no disuaden

Para la oposición socialista, la multa es “insuficiente” y no evita que operaciones como esta salgan rentables para quienes buscan desbloquear suelos para promociones millonarias. “Envenenan los árboles, pagan y construyen sin problema. El negocio es redondo”, denuncia Heliodoro Cobaleda, portavoz del PSOE en Pozuelo, que advierte de que en los últimos cuatro años se han abierto 25 expedientes por talas ilegales que han supuesto la pérdida de más de 500 ejemplares.

Los socialistas reclaman endurecer la normativa y elevar las multas al máximo legal para que, según subrayan, “los árboles no sigan pagando el precio de la especulación inmobiliaria”.

Una joya urbanística con sombra

La Finca es una de las zonas más exclusivas de España, con parcelas que superan fácilmente los dos millones de euros y viviendas que multiplican esa cifra. El envenenamiento de árboles para abrir espacio edificable no es nuevo: vecinos y colectivos ecologistas han señalado prácticas similares en otros puntos del municipio, a menudo con multas que, denuncian, no logran frenar la destrucción de arbolado maduro.

En este caso, el Ayuntamiento ha defendido la actuación de sus técnicos y asegura que la vigilancia se ha reforzado, aunque reconoce que la presión urbanística es cada vez mayor en zonas como Somosaguas Sur o La Finca, donde la convivencia entre grandes promociones y la protección ambiental sigue siendo un reto.

El caso reabre la discusión sobre el equilibrio entre urbanismo y naturaleza en Pozuelo, uno de los municipios con mayor renta per cápita de España, pero también con una de las mayores tasas de consumo de suelo. Mientras tanto, los diez pinos envenenados ya no podrán volver a dar sombra a La Finca.