Hay algo profundamente inquietante en esa forma de amor que consiste en romperle las piernas a alguien para después ofrecerse a cuidarlo. Stephen King lo convirtió en una pesadilla literaria en Misery, aquella extraordinaria novela en la que Annie Wilkes, una enfermera de apariencia servicial y vocación manifiestamente psicopática, mantiene secuestrado al escritor Paul Sheldon, lo somete a sus caprichos y llega a destrozarle los tobillos para impedir que escape. Todo, naturalmente, por su bien. Annie no se considera una criminal, sino una protectora. No cree estar ejerciendo la violencia, sino administrando cuidados. Y ahí reside la genialidad de King: retratar una perversión del afecto en la que la dependencia de la víctima se convierte en la principal fuente de satisfacción del verdugo. Salvando las distancias —que conviene salvar antes de que algún comisario de la corrección política solicite nuestro ingreso en un sanatorio—, pocas metáforas resultan tan sugerentes para examinar determinadas patologías del Estado contemporáneo. Porque hemos terminado aceptando con una naturalidad pasmosa que las mismas instituciones que nos complican extraordinariamente la existencia se presenten después como nuestras imprescindibles salvadoras.

Pensemos en la vivienda, ese prodigioso laboratorio de frustración nacional donde un joven puede tener estudios universitarios, empleo, dos idiomas, experiencia profesional y una paciencia digna de Job sin reunir todavía las condiciones necesarias para abandonar el dormitorio de su adolescencia. Durante décadas se han acumulado obstáculos urbanísticos, lentitudes administrativas, inseguridades regulatorias, escasez de suelo disponible en determinados mercados y una insuficiente producción de vivienda allí donde más se necesita. El resultado es un enfermo con fiebre alta al que cada nuevo facultativo promete curar mediante un tratamiento más sofisticado que el anterior. Unos prescriben subvenciones, otros controles, otros deducciones, otros grandes planes de construcción cuyos resultados tardan años en materializarse. Entretanto, el paciente sigue pagando alquiler, el propietario soporta sus propios costes, el constructor aguarda autorizaciones y el joven contempla las ofertas inmobiliarias con la misma expresión que Paul Sheldon dedicaba a su enfermera cuando esta entraba en la habitación llevando una bandeja. La pregunta incómoda no es si deben existir ayudas públicas para quien las necesita. Por supuesto que deben existir. La pregunta es por qué una sociedad relativamente próspera necesita convertir el acceso a una vivienda en una carrera de obstáculos para después celebrar cada pequeña ayuda como una conquista civilizatoria.

Con los salarios sucede algo parecido. El trabajador descubre que entre el coste total de su contratación y el dinero que finalmente llega a su bolsillo existe un territorio inmenso, poblado de impuestos, cotizaciones y obligaciones cuya utilidad colectiva merece una discusión seria, pero cuyo peso económico no desaparece por mucho que se disfrace con terminología administrativa. Después llegan las ayudas, las bonificaciones, los descuentos extraordinarios, las prestaciones complementarias y las campañas institucionales destinadas a explicar, con música emocionante y fotografías de familias sonrientes, la inmensa generosidad de los poderes públicos. Válganos todo el Olimpo burocrático. Resulta que el ciudadano financia el sistema, el sistema redistribuye parte de lo recaudado y el político comparece ante las cámaras como si acabara de descubrir un yacimiento de petróleo debajo de su despacho. No se trata de negar la necesidad de los servicios públicos ni de confundir solidaridad con parasitismo; se trata de recordar que el dinero público procede del esfuerzo de ciudadanos y empresas, y que devolver una parte de ese dinero en forma de ayuda no constituye un milagro de multiplicación de los panes y los peces. Constituye una decisión política que debe justificar su eficacia, su coste y sus consecuencias.

Pero Annie Wilkes no resulta aterradora únicamente porque controle las piernas de Paul Sheldon. Lo verdaderamente perturbador es que pretende controlar también su voluntad. Decide qué debe escribir, qué puede pensar, cuándo debe descansar y hasta qué desenlace merece su personaje favorito. Su víctima no necesita simplemente cuidados: necesita permiso. Y esa es la frontera que una democracia liberal debería vigilar con especial celo. Alexis de Tocqueville advirtió hace casi dos siglos del peligro de un poder tutelar, minucioso y aparentemente benévolo, capaz de extenderse sobre la vida de los ciudadanos hasta reducir progresivamente su iniciativa. No imaginaba necesariamente una tiranía de botas militares y cárceles oscuras, sino algo mucho más confortable: una autoridad que se ocupa de nuestra felicidad con tal entusiasmo que termina reservándose el derecho de decidir en qué consiste. Una ventanilla para emprender, otra para reformar, otra para contratar, otra para instalar, otra para solicitar la subvención que compensa el coste de cumplir los requisitos de las ventanillas anteriores. Todo perfectamente legal, escrupulosamente reglamentado y adornado con la retórica de la protección. La jaula, eso sí, dispone de calefacción y folleto informativo.

Naturalmente, sería una estupidez confundir cualquier intervención pública con una agresión a la libertad. Los hospitales, las escuelas, las infraestructuras, la seguridad jurídica y las redes de protección social son elementos esenciales de una sociedad civilizada. Precisamente por eso conviene distinguir entre un Estado que proporciona las condiciones necesarias para que sus ciudadanos desarrollen una vida autónoma y otro que mide su éxito por el número de personas que necesitan acudir permanentemente a él. Una ayuda puede ser el instrumento que permite a alguien superar una dificultad; también puede convertirse, cuando está mal diseñada, en un parche que perpetúa el problema que pretendía resolver. Una regulación puede impedir abusos o producir efectos contrarios a los deseados. Un impuesto puede financiar servicios indispensables o desincentivar actividades que generan prosperidad. La diferencia no la establece la grandilocuencia del discurso ministerial, sino la realidad de los resultados. Y los resultados, esa insolente manía de los hechos de no someterse a las consignas, suelen ser bastante menos agradecidos que los titulares de una rueda de prensa.

Hay, además, una dimensión política que merece examinarse sin ingenuidad. En cualquier democracia, quien gobierna tiene incentivos para atribuirse los beneficios de sus decisiones y desplazar hacia otros la responsabilidad de sus fracasos. Es una tentación transversal, no una enfermedad exclusiva de unas siglas. Cuando una política funciona, aparece el gobernante para cortar la cinta; cuando fracasa, la culpa suele corresponder a los mercados, a la oposición, a una administración anterior o a algún enemigo abstracto convenientemente situado fuera del alcance de las preguntas. El problema empieza cuando el ciudadano deja de exigir soluciones duraderas y se acostumbra a celebrar remedios provisionales, cuando el éxito de una política ya no se mide por cuántas personas han dejado de necesitarla, sino por cuántas pueden incorporarse a su siguiente convocatoria. Entonces la ayuda corre el riesgo de dejar de ser un puente hacia la independencia para convertirse en una habitación de la que nadie parece tener demasiada prisa por entregar la llave.

En Misery, Paul Sheldon no recupera su libertad gracias a la extraordinaria bondad de Annie Wilkes. La recupera porque consigue escapar de su dominio. Y ahí termina la comparación literaria, porque el Estado democrático no es una enfermera secuestradora ni sus ciudadanos son prisioneros indefensos: disponen de derechos, instituciones, elecciones y mecanismos para exigir responsabilidades. Pero la advertencia que deja la novela conserva toda su fuerza. Desconfiemos de cualquier poder que presente nuestra autonomía como un inconveniente, nuestra prosperidad como una sospecha y nuestra necesidad permanente de tutela como una virtud colectiva. La finalidad de una buena política social debería ser que cada vez más personas pudieran vivir dignamente sin depender de una ayuda extraordinaria, no que cada nueva dificultad justificara otra estructura administrativa encargada de gestionarla eternamente.

Porque el verdadero progreso no consiste en fabricar unas muletas cada vez más modernas, más subvencionadas y más vistosas para la fotografía oficial. Consiste en procurar que cada vez menos ciudadanos las necesiten. Y si algún día descubrimos que el sistema celebra con más entusiasmo la entrega de las muletas que la recuperación de las piernas, quizá haya llegado el momento de mirar con atención a nuestra abnegada enfermera.

No vaya a ser que Annie Wilkes vuelva a entrar en la habitación con una sonrisa, una bandeja de medicamentos y un nuevo plan de protección social.