REDACCIÓN – El conflicto medioambiental de Montegancedo, en Pozuelo de Alarcón, ha traspasado fronteras. Más Madrid ha llevado el caso ante la Comisión Europea, denunciando la destrucción de un área natural de alto valor ecológico donde ya han sido arrasadas encinas y pinos piñoneros centenarios, en un entorno protegido por la Directiva de Hábitats de la UE.

La denuncia ha sido canalizada a través del eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, quien ha registrado una pregunta parlamentaria en Bruselas para exigir a la Comisión una posición clara sobre la legalidad del proyecto y su compatibilidad con el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Biodiversidad 2030.

“No vamos a permitir que destruyan nuestro patrimonio natural para enriquecer a unos pocos”, ha afirmado Patricia Cabal, portavoz de Más Madrid en Pozuelo. “Esto no es solo un desastre ecológico, es un pelotazo urbanístico que viola principios ambientales básicos y desprecia el futuro común de nuestra ciudad.”

El proyecto urbanístico en cuestión afecta a uno de los últimos espacios naturales del municipio, hogar de especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, los milanos real y negro o el búho real. Más Madrid denuncia que las obras continúan a pesar de una suspensión cautelar ordenada por un juzgado madrileño, lo que califican de “total impunidad institucional”.

Desde Bruselas, Marzà ha solicitado a la Comisión que aclare si el desarrollo urbanístico de Montegancedo vulnera normativas europeas sobre biodiversidad y si tomará medidas para garantizar el cumplimiento de la ley en este tipo de actuaciones que, según la denuncia, carecen de evaluación ambiental adecuada.

“No podemos permitir que se arrasen los hábitats protegidos para construir barrios de lujo”, ha denunciado Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. “Esto es privatizar lo que es de todos para el disfrute de unos pocos. La naturaleza madrileña vale más que el lucro del sector inmobiliario.”

La iniciativa política subraya también la necesidad de reforzar los mecanismos de control y sanción europeos frente a proyectos que ignoran las evaluaciones ambientales obligatorias. Además, alertan del efecto dominó que este tipo de actuaciones puede tener en otros municipios de la Comunidad de Madrid si no se frena a tiempo.

“Lo vamos a parar en los tribunales, en las calles y ahora también en Europa”, concluyó Patricia Cabal, insistiendo en que esta batalla trasciende el ámbito local y se convierte en una defensa del derecho colectivo a conservar los entornos naturales frente a intereses especulativos.