El Tribunal Supremo (TS) hizo público un comunicado ayer viernes en el que explica que deja en el aire el futuro de la sentencia emitida este jueves 18 de octubre, donde dictaba que debía ser la entidad bancaria quien se hiciera cargo de los costes del impuesto de actos jurídicos documentados, en lugar del consumidor.

Según explica en una nota el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, se ha tomado esta decisión por tratarse la decisión conocida de ante de ayer de un "giro radical" en la jurisprudencia y habida cuenta de "su enorme repercusión económica y social".