REDACCIÓN - La Seguridad Social habría cerrado el ejercicio pasado de 2024 con un agujero –entendido como diferente entre ingresos y gasto reales– de unos 66.200 millones, que es más de la tercera parte de lo que gasta en pensiones y otras prestaciones asimiladas. 

Los datos proceden de la extrapolación realizada, a partir de los resultados de los números de ejecución presupuestaria hasta noviembre, realizada por Ángel de la Fuente, director de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), uno de los «think tank» más prestigiosos y reputados del país, junto con el Banco de España, Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros), BBVA Research y Caixabank Research, aunque no son los únicos.

Ángel de la Fuente ha elaborado un informe tan breve –apenas siete folios– como contundente y clarificador. Las cifras son más que elocuentes y no requieren muchos comentarios. La Seguridad Social en 2024, según la extrapolación, habría ingresado por cotizaciones de trabajadores y empresarios –todo al final es salario o coste salarial– 167.555 millones de euros, a lo que habría que añadir 6.695 millones de las cotizaciones de las llamadas «clases pasivas». Además, habría que contabilizar 1.796 millones más procedentes de otras partidas consolidables. En definitiva, la Seguridad Social gastó 242.253 millones de euros y solo ingresó por sus propios medios 176.000 millones de euros. De ellos 180.739 correspondieron a prestaciones contributivas, de los que 180.739 se destinaron a pensiones y 23.323 a otras prestaciones. Otros 13.704 millones se destinaron a «prestaciones no contributivas», 3.444 millones a pensiones y 10.260 a «otras prestaciones». Las cuentas de gastos se completan con 22.180 millones de pensiones abonadas a las «clases pasivas», mientras que la gestión de todo este mastodonte administrativo costó 2.307 millones, que es lo que se suele denominar «gastos impropios».