REDACCIÓN - El Tribunal Supremo ha anunciado la apertura de una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, acusados de un presunto delito de revelación de secretos. La denuncia fue presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. González Amador alega que la Fiscalía de Madrid difundió una nota informativa que contenía correos electrónicos intercambiados entre su abogado y el fiscal Julián Salto en el contexto de una investigación por fraude fiscal en su contra.

La Sala de lo Penal, compuesta por cinco magistrados, ha designado a Ángel Luis Hurtado como el instructor de la causa. En su exposición, el Tribunal Supremo argumenta que la divulgación de dicha nota pudo haber violado el artículo 417 del Código Penal, que castiga la revelación de información confidencial por parte de funcionarios públicos. Aunque las comunicaciones ya habían sido divulgadas en la prensa, el Tribunal considera relevante investigar si los datos revelados pudieron haber perjudicado el derecho de defensa de González Amador, quien ya había admitido ciertos aspectos de su culpabilidad en las comunicaciones confidenciales.

Además, la Sala ha señalado que la investigación se centrará en determinar cómo los medios de comunicación accedieron a la información antes de que la nota oficial se publicara. Se cree que tanto García Ortiz como Rodríguez Fernández podrían haber tenido acceso a los correos electrónicos horas antes de que la nota saliera a la luz, lo que plantea interrogantes sobre una posible filtración.

Esta investigación sin precedentes se suma a un contexto político complejo, en el que se cuestiona la independencia y la transparencia de las instituciones judiciales. El proceso buscará esclarecer los hechos y evaluar el grado de responsabilidad de ambos fiscales en relación con la divulgación de la información, y podría tener consecuencias significativas para la credibilidad de la Fiscalía General del Estado.