REDACCIÓN - El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló parte de la ordenanza de movilidad sobre las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), aunque el fallo pierde efecto práctico tras la aprobación de una nueva normativa el pasado mes de marzo.

La decisión cierra un largo pulso judicial, pero abre una nueva etapa en la regulación del tráfico en la capital.

El Supremo avala la nulidad por falta de análisis económico

El alto tribunal respalda así la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló varios artículos clave de la ordenanza de 2021.

El motivo central: la “insuficiencia” del informe de impacto económico, al no valorar de forma adecuada las consecuencias de las restricciones de tráfico ni posibles alternativas menos limitantes.

Los magistrados subrayan que el recurso municipal se basaba en una discrepancia con la valoración de pruebas, un argumento que no cumple los requisitos para ser admitido en casación.

La nueva ordenanza deja el fallo sin efecto

Desde el área de Urbanismo y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, insisten en que la reciente aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible neutraliza el impacto de la sentencia.

El nuevo texto, aprobado con los votos del PP, consolida las ZBE y actualiza su marco legal tras meses de incertidumbre jurídica.

Además, introduce cambios relevantes como la autorización temporal para circular a vehículos sin etiqueta (A) empadronados en la ciudad, siempre que se cumplan los niveles de calidad del aire.

Más control del aparcamiento y expansión del SER

La normativa amplía el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) con 60.000 nuevas plazas, extendiéndolo a más barrios y reforzando su papel como herramienta de protección para residentes.

Entre las novedades, el Ayuntamiento podrá ampliar horarios —incluso en domingos y festivos— en zonas con alta demanda.

También se abre la puerta a que nuevos barrios se incorporen al sistema si lo solicitan vecinos y juntas de distrito.

Un conflicto político y legal de largo recorrido

La ordenanza original de 2021 fue una de las más controvertidas del mandato de José Luis Martínez-Almeida, con recursos judiciales impulsados por distintos grupos políticos como Vox.

El fallo del TSJM en 2024 añadió presión al consistorio, al cuestionar la base técnica de las restricciones y poner en riesgo sanciones y medidas ya aplicadas.

Ahora, con la nueva regulación en vigor, el Ayuntamiento busca cerrar ese capítulo y ofrecer estabilidad normativa.

Impacto directo en la movilidad del noroeste

Las decisiones sobre tráfico en la capital afectan de forma directa a municipios del entorno como Pozuelo de Alarcón, Majadahonda o Boadilla del Monte, donde miles de conductores acceden a diario a Madrid.

Con nuevas reglas sobre circulación, estacionamiento y emisiones, el escenario cambia.

Menos incertidumbre legal. Más control regulatorio. Y un debate que, lejos de cerrarse, sigue muy presente en la movilidad del área metropolitana.