Redacción Pozuelo IN – La controversia política ha vuelto a instalarse en el Ayuntamiento de Pozuelo. El Gobierno local ha denunciado públicamente que el recurso presentado por Vox ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no va dirigido contra la tasa de basuras impuesta por el Gobierno central, sino contra la modificación aprobada el pasado mes de septiembre por el consistorio, en la que se introdujeron importantes rebajas y bonificaciones para aliviar el recibo de los vecinos.

Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso Pozuelo IN, el recurso de la formación encabezada por Santiago Abascal cita como referencia el BOCM del 30 de septiembre de 2025, donde se publicó la modificación parcial de la ordenanza municipal de residuos. Esa reforma, aprobada en el Pleno del 18 de septiembre, incluía una batería de medidas destinadas a suavizar el impacto de la tasa que entró en vigor en 2024, en cumplimiento de la Ley estatal 7/2022 sobre residuos.

Las nuevas condiciones fijaban un recibo mínimo de 30 euros y una reducción del máximo desde 1.400 a 950 euros, además de descuentos específicos: bonificaciones del 95 % para personas en riesgo de exclusión, del 30 % para jubilados con rentas moderadas, y rebajas adicionales para familias numerosas, centros educativos con prácticas sostenibles o vecinos que utilicen puntos limpios y hagan compostaje.

Para el Ejecutivo municipal del Partido Popular, la actuación de Vox constituye “una torpeza chapucera”. Fuentes del Gobierno local subrayan que “la única concejal de Vox en Pozuelo no recurrió la tasa de Sánchez cuando podía hacerlo, hace un año, y ahora lo hace contra algo que beneficia directamente a los vecinos”.

El origen del conflicto se remonta a octubre de 2024, cuando la nueva tasa de basuras entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El plazo legal para recurrirla expiró entonces sin que Vox presentara alegación alguna. Por eso, explican desde el Ayuntamiento, lo único impugnable hoy es la modificación de septiembre, no la tasa en sí misma.

La administración local sostiene además que el recurso podría entorpecer la aplicación de las bonificaciones, que están previstas para el ejercicio de 2026. “Lo único que puede conseguir Vox con esta maniobra es que los vecinos se queden sin las rebajas recién aprobadas”, apuntan fuentes municipales, que confían en que el TSJM “despache pronto esta chapuza”.

Desde el consistorio también se preguntan por qué el partido de Abascal no ha seguido la misma estrategia en otros municipios madrileños donde forma parte del Gobierno local, como Móstoles, Alcalá de Henares o Aranjuez, que aplican tasas similares derivadas de la misma normativa estatal.