El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha citado como investigado el 12 de julio al viceconsejero madrileño de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, por su actividad cuando estaba en la empresa pública Arpegio.

Ruiz es uno de los doce imputados citados por Velasco a partir de julio dentro de la pieza que investiga a esta empresa pública, cuya sede la Guardia Civil registra hoy junto con el despacho del propio Ruiz.

En total, el magistrado ha ordenado hoy siete registros, entre ellos algún despacho de abogados.

En concreto, los agentes buscan información sobre los fondos del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) ante la sospecha de que los empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir contratos.

El juez ya pidió a la Comunidad de Madrid que le entregara los convenios suscritos con Arpegio para que gestionara los fondos públicos del plan Prisma, ante la sospecha de que promotores pagaron comisiones por estos contratos al amparo de Francisco Granados.

Reclamó en concreto los convenios firmados con Arpegio entre 2006 y 2011 en los que se otorgaba a la empresa pública la gestión y adjudicación de las obras financiadas con Prisma.

Se trata, entre otros, de convenios autorizados por el Consejo de Gobierno y suscritos por el consejero de Presidencia relativos a ese plan de financiación de obras con dinero público, y también de acuerdos de Ángel Garrido en los que designó al vocal que representaba a la Comunidad en la mesa de contratación de varios de esas obras.

El presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, ha pedido recientemente al juez que declaren varias personas relacionadas con esta investigación de Arpegio, como el consejero madrileño de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada; el exgerente de Arpegio Áreas de Promoción Empresarial Eduardo Larraz Riesgo y Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma.

A González Taboada ha pedido citarle para que explique el funcionamiento de Prisma, y si conocía de la existencia de pagos de comisiones a Granados referidas a dicho plan.