La Comunidad de Madrid incentivará la adquisición de vehículos eléctricos cero emisiones para movilidad personal, dentro del Plan de Reactivación de la Comunidad de Madrid tras la crisis del COVID-19. El presupuesto destinado a esta medida es de 2,5 millones de euros para este año y de 3 millones a partir de 2021.

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, ha asegurado en la Asamblea de Madrid que esta medida refleja la decidida apuesta del Gobierno regional por la micro movilidad cero emisiones, para que los ciudadanos vuelvan a la normalidad cuanto antes y, además, lo hagan de forma segura y sostenible.

Martín ha destacado que serán ayudas directas que se otorgarán a los madrileños por la compra de vehículos cero emisiones (patinetes, bicicletas, ciclomotores y motocicletas eléctricas). Dicha ayuda irá destinada a sufragar un porcentaje del precio del nuevo vehículo de transporte sostenible.

También se impulsará la puesta en marcha de bono créditos ambientales para el uso de los servicios de carsharing y motosharing cero emisiones. Así, cuando una persona entregue para su achatarramiento un coche contaminante o sin etiquetado ambiental o con una antigüedad superior a 10 años, se le concederá un bono crédito ambiental por un importe que podrá convertir en kilómetros o minutos para utilizar en este tipo de servicios de movilidad compartida. El tiempo de validez de estos bonos será ilimitado, para utilizar según las necesidades de cada usuario, y sin tener que realizar ningún tipo de desembolso.

Según la consejera de Medio Ambiente, esta iniciativa “tendrá un impacto positivo tanto en la fabricación y comercialización de estos vehículos como en el sector de servicios de carsharing y motosharing, y fomentará el uso de vehículos cero emisiones, que nos ayudarán a mejorar la calidad del aire y a hacer frente al reto del cambio climático”.
El Gobierno regional estima que el Plan de Reactivación tras la crisis del COVID‐19, que contempla un total de 30 medidas, permitirá, entre otros objetivos, activar la economía y el empleo madrileños, así como planificar con solvencia y eficacia el futuro de la región, y evitará una pérdida de 1.000 millones de euros para la economía madrileña.