En el cuarto año de legislatura no deberían sorprendernos las excentricidades del actual Gobierno Municipal, muy acostumbrado a la improvisación y a la impulsividad. El Ayuntamiento de Pozuelo navega sin rumbo fijo desde hace ya algún tiempo, desorientado políticamente y sin entender los cambios que se están produciendo en nuestro pueblo. Sin embargo, aun teniendo en cuenta esta grave falta de visión, resulta alarmante la irresponsabilidad que han demostrado en torno al caso de la depuradora de Pozuelo. Han rebasado todos los límites.

Continuaré donde me quedé en el último artículo publicado en esta revista: diez concejales y exconcejales del PP imputados por un presunto delito medioambiental y citados a declarar en el Juzgado número 1 de Pozuelo. Las declaraciones finalmente se llevaron a cabo, aunque no estuvieron exentas de los incidentes habituales provocados por quienes, lejos de colaborar con la justicia, pretenden entorpecer la investigación. Me refiero a las contradicciones entre las versiones de algunos de los imputados que poco menos que terminaron echándose las culpas unos a otros  y afirmando sin ningún pudor no saber nada de la depuradora.  Una estrategia de defensa cuanto menos inquietante porque es inconcebible que un concejal de medio ambiente, un concejal de obras o un alcalde puedan desconocer absolutamente todo acerca del funcionamiento de una instalación que es estrictamente de su competencia. Afirmar que el Gobierno no sabe nada de una depuradora que gestiona desde hace décadas, solo puede hacernos pensar que efectivamente el asunto es grave, que hay delito y que lo único que les mueve es el interés por eludir sus responsabilidades.

Más allá de la falta de colaboración generalizada, todo marcha según lo previsto. Y lo previsto es que, escuchados los imputados, el proceso continúe con las declaraciones de algunos funcionarios como testigos y que están previstas para el 10 de octubre. Paralelamente está el caso de Hickman que al ser aforado pasará al Tribunal Supremo, con la posibilidad de terminar arrastrando al conjunto de la causa. Algo que, imagino, preocupará en el PP por la atención mediática que suelen concentrar los asuntos dirimidos en el alto Tribunal. En todo caso, sea en el Juzgado de Instrucción, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o  en el Tribunal Supremo, la acusación popular que ejerce Somos Pozuelo estará presente en sus declaraciones y en la de quienes pudieran resultar imputados en fechas próximas.

En estas semanas tan judicializadas también ha habido tiempo para la política y eso en Pozuelo casi siempre es sinónimo de metedura de pata del Gobierno, al menos desde 2015. La última no tiene desperdicio: los trece concejales del PP votaron en contra de la aplicación del Plan General vigente, promovido en 2002 por un Gobierno precisamente del PP. Sé que cuesta entenderlo pero es así de incomprensible. Desde Somos Pozuelo pedíamos que en lo relativo a la depuradora se hiciera lo que el Plan General establece, que entre otras cosas es una obligación para el Gobierno. Pues ni por esas, la orden de Alcaldía fue votar en contra para evitar que una moción de Somos Pozuelo prosperara obviando el efecto político que iba a provocar una situación tan anómala y que me atrevería a decir que no tiene igual en toda la Comunidad de Madrid. El PP certifica su divorcio con el cumplimiento de las normas que rigen la vida municipal, con los vecinos y con el entorno natural de Pozuelo.

En este punto, y en pleno año electoral, no puede dejar de inquietarme la actitud pasiva e indiferente del PP. No es necesario compartir las tesis políticas de Somos Pozuelo para entender que una depuradora ilegal debe desmantelarse. Es un pensamiento sensato, por encima de cualquier posición política. Sin embargo, percibo que esa reflexión, aun existiendo en las filas del PP, no termina de expresarse hacia afuera. Eso es precisamente lo que permite a quien gobierna, que tiene pie y medio lejos de Pozuelo, actuar con despreocupación e incluso con cierta temeridad. Mi pregunta al respecto es clara: ¿Queda alguien en el PP con el sentido común suficiente como para levantar la voz ante la tropelía ambiental que quiere perpetuar el actual Gobierno? Quizás falten agallas, quizás haya un pacto de silencio o quizás quien aspira a ser candidato por el PP en las próximas elecciones municipales haya asumido que perderán y que no será tarea suya resolver los problemas que están causando quienes manejan el barco en la actualidad.   Ω