REDACCIÓN - Las secciones sindicales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón cerraron este jueves una semana de movilizaciones con una protesta durante el pleno municipal, donde rodearon el salón de sesiones y desplegaron carteles que denunciaban la "falta de voluntad negociadora" del equipo de gobierno y las carencias en la gestión laboral. La acción culminó una serie de medidas simbólicas, como el uso de pegatinas por parte de la plantilla, para visibilizar su descontento ante problemas como la cobertura insuficiente de plazas vacantes, la ausencia de concursos de traslados y la falta de suplentes para bajas médicas prolongadas.

Detalles de la protesta y exigencias

Durante el pleno, decenas de empleados ingresaron al salón con pancartas que exigían "Equiparación salarial ya" y "Regulación del teletrabajo", consignas que reflejan demandas pendientes desde hace años. Los sindicatos subrayan que, pese a acuerdos preliminares en 2009 y 2023 para ajustar salarios, estos nunca se implementaron completamente. Además, critican la paralización de las negociaciones sobre teletrabajo, un tema estancado desde hace cuatro años.

Contexto del conflicto laboral

La tensión se agrava por la percepción de un deterioro en las condiciones laborales, que según los trabajadores, afecta tanto a su salud —por estrés y sobrecarga de trabajo— como a la calidad de los servicios públicos. "Llevamos meses intentando dialogar, pero solo recibimos respuestas evasivas", declaró un portavoz sindical, quien señaló que las movilizaciones son "la última opción" para presionar al gobierno local. Entre los reclamos también figuran la jubilación parcial y la falta de reconocimiento de funciones por encima de su categoría laboral.

Próximos pasos y repercusiones

Los sindicatos advierten que, de no haber avances, podrían convocar nuevas acciones. Mientras tanto, el Ayuntamiento enfrenta presión para reabrir mesas de negociación efectivas y resolver conflictos que, según los empleados, "ya no pueden sostenerse con parches". La protesta de este jueves marca un punto crítico en un conflicto que podría impactar la estabilidad laboral y la operatividad de servicios municipales esenciales.