Redacción Pozuelo IN - La investigación judicial sobre Begoña Gómez entra en una nueva fase. El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha impuesto medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia.

La decisión, comunicada este sábado mediante un auto de 84 páginas, supone uno de los movimientos judiciales más relevantes desde que comenzó una causa que durante los últimos dos años ha generado una intensa confrontación política y mediática.

El magistrado considera que existen indicios suficientes para que Gómez sea juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Junto a ella también serán juzgados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, figura clave en una de las líneas principales de investigación.

Medidas cautelares inéditas en el caso

El juez ha aceptado las peticiones formuladas por las acusaciones populares durante la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes.

Entre las medidas adoptadas destaca la retirada inmediata de cualquier pasaporte del que dispongan las investigadas, así como la prohibición expresa de obtener nuevos documentos de viaje.

Además, Peinado ordena comunicar la decisión a puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares para impedir cualquier salida del país sin autorización judicial.

Tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez deberán presentarse dos veces al mes ante el juzgado mientras dure el procedimiento.

El magistrado aprecia riesgo de fuga

Uno de los aspectos más llamativos de la resolución es la argumentación utilizada por el instructor para justificar las medidas cautelares.

Peinado sostiene que los hechos investigados pudieron producirse aprovechando la posición institucional derivada de la condición de esposa del presidente del Gobierno.

Según recoge el auto, determinadas decisiones públicas favorables relacionadas con proyectos académicos y empresariales investigados podrían haberse visto influidas por esa situación de proximidad al poder.

El juez también considera que existe riesgo de fuga y argumenta que la protección policial de la que actualmente dispone Gómez no elimina esa posibilidad.

Incluso llega a señalar que agentes encargados de su seguridad podrían colaborar hipotéticamente en una eventual evasión, ya fuera por iniciativa propia o siguiendo instrucciones superiores, una afirmación que ha provocado una inmediata reacción política.

Moncloa acusa al juez de actuar por motivos políticos

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar.

Fuentes de Moncloa calificaron la resolución como una muestra de "persecución, obsesión y desproporción" por parte del magistrado.

Desde el entorno del Ejecutivo sostienen que la instrucción carece de base jurídica suficiente y responde a una motivación política.

Especial malestar han provocado las referencias del juez a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la protección de Gómez.

Fuentes gubernamentales consideran que esas afirmaciones representan "otro ejemplo del despropósito" que, a su juicio, rodea la instrucción judicial.

El PSOE habla de "escándalo democrático"

La dirección socialista también cerró filas con la esposa del presidente.

Desde el PSOE calificaron la apertura de juicio oral y las medidas cautelares como un "escándalo democrático que no se sostiene".

Los socialistas insisten en que Begoña Gómez es inocente y denuncian que lleva más de dos años sometida a una persecución judicial y política.

"Lo de hoy es un paso más. No pararán", señalaron fuentes del partido tras conocerse la decisión judicial.

Una causa con creciente impacto político

La resolución llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno, marcado por diversas investigaciones judiciales que afectan al entorno político y personal del presidente Pedro Sánchez.

En las últimas semanas también han cobrado relevancia otras causas relacionadas con presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas, así como nuevas líneas de investigación abiertas por distintos órganos judiciales.

El avance del procedimiento contra Begoña Gómez añade ahora un nuevo elemento de presión sobre el Ejecutivo y alimenta un debate político que ya trasciende las fronteras españolas.

Como han reflejado recientemente diversos medios internacionales, la atención exterior se centra cada vez más en el impacto institucional de estas investigaciones y en sus posibles consecuencias para la estabilidad política del país.