REDACCIÓN - La investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suma un nuevo capítulo. El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir una pieza separada dentro de la causa que instruye desde hace más de dos años para analizar posibles delitos de prevaricación y fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea relacionados con contratos sufragados con fondos comunitarios.

La decisión del magistrado llega después de que la Fiscalía Europea devolviera al juzgado parte de las diligencias que había asumido para estudiar determinadas adjudicaciones vinculadas a la empresa pública Red.es y al empresario Juan Carlos Barrabés.

Según la providencia dictada por Peinado, el instructor solicita ahora al Ministerio Fiscal un informe específico sobre la posible relevancia penal de los hechos investigados y ordena la creación de una pieza independiente para profundizar en esta línea de investigación.

El foco vuelve a los contratos de Red.es

La nueva actuación judicial pone nuevamente el foco sobre los contratos obtenidos por empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés, empresario que ya figura entre los investigados en la causa.

La investigación trata de determinar si existieron irregularidades en adjudicaciones financiadas con fondos europeos y si determinadas recomendaciones o informes pudieron influir en la concesión de esos contratos.

Uno de los elementos analizados por los investigadores son las comunicaciones electrónicas obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación. Dicho material incluye intercambios de información entre diversas personas relacionadas con expedientes gestionados por la empresa pública Red.es.

La Fiscalía Europea devolvió el asunto

La decisión del juez se produce tras el regreso de las diligencias desde la Fiscalía Europea al juzgado madrileño.

La Fiscalía comunitaria había asumido inicialmente la investigación al existir financiación procedente de fondos europeos. Sin embargo, finalmente devolvió el procedimiento al considerar que no apreciaba indicios suficientes de irregularidades en la utilización de esos recursos comunitarios.

Pese a ello, Peinado ha decidido continuar examinando los hechos desde la jurisdicción nacional y mantener abierta esta nueva vía de investigación.

Recursos y discrepancias jurídicas

El pasado 4 de junio, el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña estimó recursos presentados tanto por la defensa de Juan Carlos Barrabés como por la Abogacía del Estado.

La defensa del empresario sostenía que la investigación pretendía reabrir hechos que ya habían sido objeto de análisis durante los últimos años y que un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no había detectado irregularidades en los contratos examinados.

Tras esa resolución, las actuaciones han regresado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde Peinado mantiene abiertas distintas líneas de investigación dentro del denominado "caso Begoña Gómez".

Una causa que continúa ampliándose

La apertura de esta nueva pieza se suma a otras diligencias desarrolladas en los últimos meses dentro de una causa que ha generado una importante repercusión política y mediática.

Mientras la investigación sigue avanzando, el magistrado busca determinar si existen indicios suficientes para sostener la existencia de posibles irregularidades administrativas o penales en la gestión de contratos vinculados a fondos públicos y europeos.

La solicitud del informe a la Fiscalía será uno de los próximos pasos clave antes de decidir si esta nueva línea de investigación continúa ampliándose o si, por el contrario, queda archivada.