La Guardia Civil ha detenido hoy al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra la corrupción en la gestión del Canal de Isabel II en la que han sido arrestadas otras once personas.

El juez, en el marco de la operación Lezo, investiga presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Es decir, si desviaron fondos del Canal, entidad pública presidida por González entre 2003 y 2012, para enriquecerse. 

Además de Ignacio González, están detenidos su hermano Pablo, directivo de Mercasa, cuya sede ha sido registrada, y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica y cesado hace un año como presidente de Inassa, filial colombiana del Canal, que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos.

Ha sido arrestada también María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han practicado varios registros, entre ellos el de la sede del Canal, el del domicilio de Ignacio González en el barrio madrileño de Aravaca o el de la sede de Subastas Segre, presidida por Lourdes Cavero, mujer del expresidente madrileño e investigada en la causa.

Y en esas pesquisas, además de las detenciones y registros ordenados, el juez ha citado como testigos a cinco personas, incluida la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el consejero de Presidencia y responsable del Canal, Ángel Garrido.

Ellos llevaron a la Fiscalía en julio de 2016 sus sospechas sobre las presuntas prácticas fraudulentas en la gestión del Canal en la etapa anterior. La Fiscalía Anticorrupción investigaba los hechos desde octubre de 2015, pero en verano del año pasado se judicializó el caso.

Poco después de la presentación de esa denuncia, el actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, ordenó el cierre de una decena de empresas que en Latinoamérica tenían poca actividad o ésta no se corresponde con las relativas al ciclo integral del agua.

Una de esas empresas fue la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, en este caso comprada en 2013. Según una denuncia presentada este mismo año por PSOE, Podemos y Ciudadanos, la empresa Emissao se compró por 21,4 millones de euros, un mes después su patrimonio neto era de 10,6 millones y otro año después tan solo de 5,3 millones.

Precisamente, uno de las medidas que tomó el Gobierno de Cifuentes fue cesar a Edmundo Rodríguez Sobrino como responsable de la filial del Canal en Latinoamérica al aparecer su nombre en los "papeles de Panamá".

Los otros citados hoy por el juez como testigos son la jefa de Gabinete de Cifuentes, Marisa González, el actual director general del Canal, Rafael Prieto, y el presidente del grupo Atresmedia y de Planeta, José Crehueras.

Los tres han declarado por la mañana, y por la tarde el juez se ha desplazado a los despachos de Cifuentes y Garrido para tomarles declaración en ellos.

Ni Marisa González ni Rafael Prieto han querido hacer declaraciones a la salida de la Audiencia Nacional por tratarse de un caso que está bajo secreto sumarial, pero el responsable del Canal ha confirmado que ha explicado al juez la información que en su día aportó a la Fiscalía.

El juez también ha citado como investigados al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de este mismo periódico, Mauricio Casals, a quienes tomará testimonio previsiblemente mañana.

Edmundo Rodríguez Sobrino es consejero de Audiovisual Española 2000, editora de ese periódico.